Asunción, Agencia IP.- El Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2023 debe acompañar la transición a la senda de la sostenibilidad fiscal y el retorno gradual a los límites establecidos en la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF).

Para ello es necesario controlar los niveles de deuda y limitar el aumento de los gastos rígidos como salarios y bonificaciones, advirtió el viceministro de Administración Financiera, Marco Elizeche.

En ese contexto, explicó que el PGN 2023 requiere una atención especial debido a la particularidad del contexto preelectoral, además que precede a dos años de muchos shocks como la pandemia, factores climáticos y bélicos, entre otras cosas.

Añadió que todo esto no solo afectó a la economía nacional y las finanzas públicas del país, sino de todo el mundo, con una creciente inflación, déficit fiscal y los niveles de deuda.

“Nosotros limitamos cualquier aumento que se conceda a instituciones del Poder Ejecutivo, pero los Poderes Legislativos y Judicial se excluyen en la propia Ley de Presupuesto y se pueden asignar aumentos sin necesidad de concurso. Ese tipo de cuestiones buscamos evitar con la nueva Ley del Servicio Civil que estamos terminando, será una segunda versión a la presentada en el 2021, con algunas modificaciones y esperamos que haya el consenso requerido para que pueda regir a los tres Poderes del Estado”, agregó.

Respecto a la conformación del proyecto de Presupuesto para el próximo año, detalló que se envió un Plan de Gastos ajustado al 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB), con una solicitud de aumento del 0,8% que permita llegar hasta el 2,3% del PIB.

No obstante, enfatizó que no será posible aceptar un déficit superior y que la posición del Ejecutivo es firme respecto a ello.

“En la Adenda que enviamos no se contemplan ampliaciones, hay pequeños aumentos en Fuente 20 y Fuente 30, pero que tendrán un mínimo impacto. En Fuente 10 no enviamos ningún aumento, solo reprogramaciones, pero sí sabemos que hay muchos pedidos desde las entidades”, agregó.

El viceministro Elizeche dijo que entre los pedidos de la Universidad Nacional, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia hay al menos USD 300 millones en aumentos, pero que trabajarán para evitar este tipo de concesiones.

Por otra parte, habló sobre la importancia del reciente acuerdo técnico firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y explicó que constituye un proceso que ayudará al país a buscar el consenso en temas clave como la Ley de Compras Públicas, la del Servicio Civil, Jubilaciones, la Reforma de la Caja Fiscal y la Superintendencia de Pensiones.

“Lo que queremos es que el FMI nos de respaldo técnico y genere ese ambiente para poder establecer el proceso de diálogo. El FMI va a poner un respaldo técnico pero la idea es que los proyectos se discutan entre todos los sectores afectados y con plazos bien establecidos”, concluyó en entrevista con la radioemisora 1080 AM y que fue reproducida por el Ministerio de Hacienda.

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