Asunción, 3 feb (EFE).- El Ministerio Público de Paraguay dispuso este lunes la apertura de una causa penal sobre los datos extraídos de un celular que pertenecía a un diputado del oficialismo, muerto en un presunto choque con las autoridades, en el que un juez encontró supuestos indicios de «corrupción pública» en instituciones judiciales.
La Fiscalía ordenó la apertura de la causa para investigar los hechos puestos en conocimiento por el juez especializado en crimen organizado, Osmar Legal, según consta en una resolución difundida por la institución.
Legal reveló este lunes la existencia de conversaciones con funcionarios judiciales en un celular incautado al diputado Eulalio ‘Lalo’ Gomes, fallecido en agosto de 2024 durante un allanamiento a su vivienda, que fue ordenado como parte de una investigación por presunto lavado de activos proveniente del narcotráfico.
Las conversaciones corresponden a diálogos de Gomes con un diputado, dos fiscales y una jueza que guardan relación presuntamente «con favores políticos, pedidos de favores políticos y ofrecimientos de dinero», según denunció Legal.
El Ministerio Público señaló en la resolución que por «la naturaleza de los hechos denunciados, que podrían resultar punibles, amerita la apertura de una causa penal».
Además, la Fiscalía conformó un equipo de investigación integrado por los agentes fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción: Francisco Cabrera, María Verónica Valdez, Néstor Coronel y María Soledad Machuca.
El juez Legal pidió al Ministerio Público investigar a Orlando Arévalo, diputado del gobernante Partido Colorado y miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM); a las agentes fiscales Katia Uemuera y Stella Mary, y a la jueza penal de Garantías Sadi López.
Según Legal, al extraer los datos de uno de los celulares obtenidos durante el allanamiento a la vivienda de Gomes, en la ciudad de Pedro Juan Caballero (norte), se encontraron «indicios» de otros hechos punibles, diferentes a la causa por lavado de dinero, que presuntamente «guardan relación con corrupción pública». EFE