“El proyecto presentado contraviene expresas disposiciones constitucionales y por ello es nulo de nulidad absoluta conllevando consecuencias que la aproximan a la instauración de un régimen autoritario”, expresaron en el documento.

Los 12 partidos que firman el manifiesto, entre ellos el Partido Liberal (PLRA) y el Frente Guasu, piden al Poder Legislativo, donde ya se ha presentado el proyecto, que se debata y se propongan los cambios necesarios para corregirlo y que constituya un marco legal para la emergencia sanitaria.

El proyecto remitido por el Ejecutivo al Congreso aboga por penalizar la vacunación irregular y contempla una sanción de pena privativa de libertad de hasta cinco años o multa para el funcionario que utilice su cargo para beneficiar indebidamente a otro para recibir la vacuna.

Además, se le aplicará una inhabilitación durante diez años para ocupar cualquier cargo en la función pública.

El proyecto de ley también establece penas privativas de libertad, de entre dos y seis años, para los que hurten vacunas o cualquier otro medicamento contra el coronavirus.

Desde que el Gobierno anunció la redacción de ese proyecto de ley, varios sectores cuestionaron su carácter autoritario y ahora es la oposición la que expresa su disconformidad de manera oficial.

Para los partidos opositores, “no debería haber lugar para ese tipo de iniciativas” en la práctica política.

“Hacemos un llamado a los miembros del Poder Legislativo para que se pueda producir un instrumento que establezca normas que prevengan los abusos de parte de las autoridades de aplicación y estén acordes a la Constitución y a las leyes que rigen el país”, concluyó el manifiesto.