El juez de primera instancia Édgar Rivas tomó la determinación de remitir a la Corte Suprema de Justicia la nota presentada por la Contraloría General de la República en relación al caso Itaipú.

El magistrado señala en su argumentación que, al existir una contraposición entre las atribuciones del ente contralor y lo dispuesto en el tratado de Itaipú, se debe establecer la constitucionalidad del Art. 20 de la Ley 276/94 para dar cumplimiento efectivo a la medida de urgencia.

Dicho artículo faculta a la Contraloría a solicitar a un juez de primera instancia allanamientos de domicilios, locales, depósitos u otros recintos con auxilio de la fuerza pública en un plazo de 24 horas.

Lo que se pretende a través de la acción judicial es exigir a la entidad binacional la presentación de los informes sobre uso de gastos sociales, en vista a la negativa de sus autoridades de brindar esta información.

Con esta decisión, el juez Rivas deja el caso en manos de la Corte Suprema de Justicia para que se pueda expedir sobre la constitucionalidad o no de una eventual auditoría financiera a la Itaipú.

Cabe recordar que la Contraloría General de la República solicitó informes sobre el uso de fondos sociales a Itaipú y Yacyretá, en cumplimiento a un proyecto aprobado recientemente por la Cámara de Senadores. Tras la insistencia, la EBY decidió acceder a este pedido, mientras que Itaipú sigue negándose a facilitar los documentos requeridos bajo el argumento de la supuesta violación al tratado y la violación de la soberanía.

Juez NO ordena que Itaipú entregue información sobre fondos sociales a la Contraloría. Remite a la Corte Suprema la medida de urgencia que presentó el Contralor para que allí definan si es constitucional que el ente realice una auditoría financiera en el lado paraguayo de Itaipú. pic.twitter.com/3nTSg4Oo0l

— RocíoPereira DaCosta (@RocioPereira) May 18, 2021