Como el primer administrador del Estado, el Presidente de la República tiene la obligación de denunciar y encaminar la persecución legal de toda aquella clase de manejos delictivos, robos, estafas y malversaciones perpetrados contra el patrimonio público.

La manera como los parásitos que infectan las oficinas gubernamentales se han apoderado de las planillas salariales, de los pliegos de licitaciones y de todo lo que tenga que ver con la compra y venta de bienes y servicios para y del Estado, no es solamente vergonzosa sino esencialmente una conducta bárbaramente criminal.

¿Se puede catalogar este comportamiento como una cuestión de ética? El señor Peña no debería permitirse esta clase de tomaduras de pelo a la ciudadanía a la que le cuesta mucho pagar impuestos para comprobar luego que ese dinero se lo apropian familias enteras, verdaderas pandillas para las que el concepto de “bien del Estado” es desconocido, algo propio de nómades que roban cuánto encuentran en el camino. Nada más lejos del concepto de verdaderos servidores públicos.