La citada cartera estatal de esta manera contestó el oficio N° 95 remitido por la fiscala Natalia Fúster quien está investigando el hecho punible de prevaricato de la magistrada Irún en vista a que la misma violó la ley N° 2532/05 que establece la seguridad fronteriza de la República del Paraguay y prohibe conceder inmuebles a empresas extranjeras.

El documento que ya está en manos de la fiscala Fúster lleva la firma de Luis Alberto Zárate Pastor secretario ejecutivo de la Cizoef dependiente de, Ministerio de Defensa Nacional encargada de resguarda y hacer que se respete la ley de soberanía nacional. Asimismo el citado ministerio remitió a la fiscalía un mapa donde claramente se identifica las fincas que la jueza Irún entrego a extranjeros.

La magistrada Irún fue denunciada en sede del Ministerio Público por prevaricato (actuación contraria a la ley) por hacer lugar a un juicio civil donde dispuso la titulación de 310 mil hectáreas de tierras a favor de extranjeros violando la ley N° 2532/05 que establece la seguridad fronteriza de la República del Paraguay que prohibe conceder inmuebles a empresas extranjeras.

También el denunciante Evaristo Fernández, presentó a la fiscala Fúster varios elementos de prueba como ser la pericia georreferenciada de fincas en la que se demuestra que la magistrada denunciada penalmente entregó los inmuebles ubicados en la zona de seguridad fronteriza a las off shore o empresas de maletín. Asimismo no se descarta que dichos inmuebles estén en manos de brasileros lo cual pone en riesgo la soberanía de nuestro país.

La denuncia penal contra Irún refiere que la magistrada violó expresamente la Ley 2532/2005, que regula la zona de seguridad fronteriza. Dicha norma fue sancionada y promulgada a fin de preservar la demarcación territorial y prevenir la ocupación u obtención de dichas tierras justamente por parte de personas físicas o jurídicas, ya que se encuentran en zonas limítrofes.

El documento explica que las zonas en cuestión son demarcadas por el Ministerio de Defensa Nacional y tal situación también se anota en la Dirección de Catastro y en los Registros Públicos.

La norma legal dice claramente que ni un escribano público ni mucho menos el juez puede autorizar un acto jurídico de transferencia porque viola la ley de territorialidad. Por lo tanto, la determinación adoptada por la magistrada Tania Irún es completamente irregular y antijurídica debido a que la misma ordenó la transferencia de inmuebles que están en zonas fronterizas, sostienen.