El origen del mayor operativo de tráfico de drogas en Paraguay se remonta al inicio del gobierno de Mario Abdo Benítez en 2018. Según la Fiscalía, el uruguayo Sebastián Marset se instaló en Paraguay ese mismo año, coincidiendo con el comienzo del mandato de Abdo Benítez. Durante los años 2020 y 2021, Marset y Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, fortalecieron sus operaciones, consolidando una red criminal dedicada al tráfico de cocaína y al lavado de activos.

En la acusación presentada por el fiscal Deny Yoon Pak contra Miguel Ángel Insfrán, por tráfico de drogas, lavado de activos y asociación criminal, se describe el nacimiento del grupo mafioso y su fortalecimiento durante la administración anterior. “Tío Rico” es considerado pieza clave en la investigación que derivó en el operativo A Ultranza Py, que indaga una amplia red dedicada al lavado de activos, junto al uruguayo Sebastián Marset.

El documento de la acusación incluye 712 páginas, en las cuales se detalla que la estructura se dedicaba al lavado de dinero proveniente de envíos de cocaína a Europa, creando un imperio que le permitió tener una flota de aviones y camiones, centros de acopio de drogas y otras propiedades.

El fiscal acusador señala que durante el periodo de tiempo comprendido entre el inicio del año 2020 y transcurso del año 2021, varias organizaciones criminales se juntaron en el territorio nacional y concretaron la actividad del tráfico internacional de cargas de clorhidrato de cocaína, también el lavado de los activos obtenidos en consecuencia, ya sea mediante la constitución y adquisición de empresas destinadas para tal fin, igualmente con las compras de bienes tanto a nombre de personas físicas como también de personas jurídicas.

La alianza de los distintos grupos criminales se dio luego de las sucesivas reuniones mantenidas desde el año 2018, cuando Sebastián Marset ingresó oficialmente, por primera vez a Paraguay, tras haber recuperado su libertad por la condena recibida en su país de origen Uruguay, por el delito de tráfico ilícito de estupefaciente y otros.

Marset, bajo la figura de “empresario de artes y espectáculos”, inició su relación con los demás procesados, Alberto Koube Ayala, Miguel Ángel Insfrán Galeano y su núcleo de confianza, Reina Mercedes Duarte Aguilera, entre otros, desde el año 2018, fecha en la que empezó a frecuentar nuestro país.

Así, se creó la unión de las organizaciones criminales en nuestro país, la cual estableció el esquema de introducir al territorio paraguayo las cargas de clorhidrato de cocaína proveniente de Bolivia.

Para el efecto, los integrantes del grupo tenían aeronaves aptas para el traslado de personas y cargas de sustancia estupefaciente que llegaron al país a inicios del año 2020 y el transcurso del año 2021. Los implicados utilizaron establecimientos rurales y pistas de aterrizaje no autorizadas en áreas protegidas como la Reserva Natural Cabrera-Timane, en el Departamento de Alto Paraguay. Desde allí, la droga era transportada a depósitos ubicados en Central y ocultada en mercancías aparentemente lícitas, que luego se exportaban a Europa y África.

Para evitar sospechas, el grupo hizo uso de empresas vinculadas al comercio internacional que gestionaban los trámites de exportación. La cocaína era enviada en contenedores a través del Puerto Seguro Fluvial de Villeta, empleando camiones de grandes dimensiones.

Del 2020 al 2021, el grupo ilícito de Sebastián Marset y Miguel Insfrán logró enviar al exterior cargas de cocaína, de las cuales fueron descubiertas cargas por un total de 17.340 kilos.

La organización criminal obtuvo ganancias multimillonarias durante el gobierno de Mario Abdo Benítez. De acuerdo con el acta de acusación contra Tío Rico, el grupo ilícito ofrecía cada paquete de cocaína por el precio de 12.000 a 14.500 dólares. En sus negocios hechos en África, por ejemplo, lograron obtener la suma total de 18.429.500 dólares.

En el mercado europeo, el precio de la droga oscilaba entre 20.000 a 25.000 dólares por cada kilogramo, lo que en este caso se estima como ganancia, únicamente de acuerdo a la cantidad de droga descubierta (17.340 kilos), la suma total de 433.500.000 dólares.

En su acusación, la Fiscalía concluye que desde el inicio del año 2020, Miguel Ángel Insfrán Galeano se alió con Sebastián Marset y durante ese año y transcurso del 2021, lideró la organización criminal unida y creada por ambos y, de manera coordinada, mantuvieron el control de todo el emprendimiento para concretar el tráfico de droga, desde la introducción de la cocaína al territorio nacional, proveniente de Bolivia, el traslado a establecimientos rurales destinados para su acopio, su ocultamiento dentro de mercaderías lícitas, su distribución, hasta su remisión al extranjero, mediante puertos fluviales y marítimos.

Para cada una de las etapas, Miguel Insfran tenía preparado todos los medios de logísticas necesarios, tales como transportes aéreos y terrestres aptos para el traslado de la droga, medios de comunicaciones, depósitos, etc., también le tenía alistados a los integrantes que formaban parte de su núcleo, quienes, de acuerdo a sus funciones, intervenían en los momentos adecuados, siempre bajo indicación de Insfrán, quien previamente coordinaba con Marset para el fin ilícito.

El operativo “A Ultranza Py” finalmente expuso la magnitud del tráfico de drogas y lavado de dinero que se gestó bajo el gobierno de Mario Abdo Benítez, desde la llegada de Sebastián Marset a Paraguay en 2018. La sofisticada red criminal logró consolidarse y operar a gran escala durante los años 2020 y 2021, dejando al descubierto la capacidad de las organizaciones delictivas para infiltrarse y aprovecharse del comercio internacional y burlarse de los controles de las instituciones del país.

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