Desde abril del 2019, la firma Gorostiaga Inmobiliaria SA no puede disponer de un inmueble de 1.500 hectáreas ubicado en el distrito San Vicente Pancholo, del departamento de San Pedro, porque allí están asentadas de manera irregular unas 500 personas sintierras lideradas por invasores profesionales y amparadas presuntamente por los políticos de la zona.

En reiteradas ocasiones, el fiscal Jorge Encina solicitó acompañamiento policial para la realización de una constitución hasta el inmueble, a los efectos de ordenar la aprehensión de las personas que allí se encontraban, pero la Comandancia de la Policía recomendó postergar el procedimiento por la pandemia.

El director general de Prevención y Seguridad, Saturnino Santiago Villalba, remitió el pasado 11 de mayo un documento a la Policía de San Pedro para pedir la postergación del procedimiento de expulsión de los invasores del inmueble de los Gorostiaga. En la misiva se lee que “debido al alto índice de contagios, internados, en asilamientos y muertes de efectivos policiales por Covid-19, el riesgo que implica para el personal policial la convocatoria de la cantidad requerida (…) se solicita la postergación hasta que se den las condiciones sanitarias para la ejecución del operativo”.

AVANZAN LAS INVASIONES DE TIERRAS. Policía aduce alto índice de contagios por covid-19 y evita realizar desalojos pese a tres ordenes judiciales para el efecto. Cuál es el mensaje?: invadan propiedades porque no habrá desalojos por covid? pic.twitter.com/0TskdCjoIk

— Jorge Torres Romero (@jtorresromero) June 30, 2021

El abogado Luis Ayala, de la firma Gorostiaga, lamentó en entrevista con radio UNO que la Policía no cumpla con un principio fundamental que es la garantía del derecho a la propiedad privada y argumentó que la negativa a proceder a la expulsión de los invasores responde a una falta de voluntad política. „No es posible que al pedir que se garantice la propiedad privada y se cumpla una orden de desalojo, la Policía Nacional no pueda llevar a cabo argumentando la pandemia. Sin embargo, se realizan iguales procedimientos en otros casos. Hay falta de voluntad política para cumplir una orden fiscal. Se rompen normas básicas porque la Policía tiene la obligación de realizar estos procedimientos. Es la tercera orden a la que no dan respuesta“, cuestionó el letrado.