La actual tarifa de Itaipú es de USD 22,60 Kw/mes. Sin embargo, a partir del 2022, la amortización de la deuda, contemplada en el Anexo C del tratado, permitirá una disminución de 600 millones de dólares al año (300 para cada uno), ya que la tarifa bajará a USD 18,9 Kw/mes.

La postura paraguaya es la de mantener la tarifa y la de Brasil, reducirla a 18.9 Kw/mes, tomando como base el Anexo C.

Uno de los componentes de la tarifa es el de “gastos de explotación”, el único que está sujeto a modificación y del cual Paraguay propone “agarrarse”, a fin de mantener los USD 22,6 Kw/mes, justificando los gastos en obras complementarias.

Estas inversiones no solamente son necesarias, sino que también están contempladas en el Anexo B del tratado, al cual nuestro país podría recurrir para argumentar el pedido.

El Anexo B, que contiene la descripción general de las instalaciones destinadas a la producción de energía eléctrica y de las obras auxiliares, habla en el punto 3, de los componentes principales del Proyecto do Aprovechamiento Hidroeléctrico del río Paraná, en el lugar llamado Itaipú.

De entre los trabajos descritos, en el punto 11 menciona las “Obras para navegación” y señala que el Proyecto incluirá las obras que sean necesarias para atender los requisitos del tráfico de navegación fluvial, tales como: terminales y conexiones terrestres, exclusas, canales, elevadores, y sus similares.

Los gastos de explotación son los referidos a la administración, operación y funcionamiento de Itaipú. Abarca todos los gastos en los que incurre la binacional para cumplir sus compromisos técnicos de mantenimiento, de operación y laborales, es decir, de pago de personal.

Para el exdirector de Itaipú, Carlos Mateo Balmelli, la posición paraguaya debería fundarse en la defensa de la tarifa, primero porque el tratado se inspira en el justo precio, como lo indica el acta de Foz de Iguazú y segundo, porque existe una inequidad en la tarifa que pretende instalar Brasil.