El Senado estudiará el proyecto de ley durante una sesión extraordinaria este miércoles 24 de noviembre, a las 9 horas.

En la versión original el Ministerio de Hacienda contempla para el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) un plan de gastos de Gs 67.310.284.412, de los cuales solamente Gs. 13.317.471.354 están previstos para restitución de tierras (apenas unas 216 hectáreas).

Luego de escuchar una propuesta de la ANIVID sobre urgencias de varias comunidades, la Comisión Bicameral y la Cámara de Diputados dictaminaron un aumento de solo Gs.10 mil millones más al INDI para restitución de tierras, con lo que el presupuesto del ente iría a Gs. 77.310.284.412 y el de restitución de tierras a Gs. 23.317.471.354.

Haciendo valer su derecho a la participación en el diseño de políticas públicas, en el mes de octubre la ANIVID presentó a los tres poderes de Estado una propuesta de solución a diversas problemáticas.

Entre las principales resalta la restitución de cerca de 43 mil hectáreas a comunidades indígenas que forman parte de la ANIVID, para lo cual propone una inversión estatal de cerca de 86 millones de dólares, distribuidos a lo largo de 10 años.

En Paraguay viven 122 mil personas indígenas pertenecientes a 19 pueblos, que se distribuyen geográficamente en más de 600 comunidades en las regiones Chaco y Oriental.

Los Pueblos Indígenas son la población con peores indicadores sociales en el país, con un 66,2% viviendo en la pobreza y 34,4% en la extrema pobreza, a consecuencia de la exclusión de las políticas públicas como la desposesión de sus tierras y recursos naturales por parte de actores económicos agroexportadores.

En el centro de las problemáticas se encuentra la restitución y aseguramiento de sus tierras ancestrales por parte del Estado paraguayo. Se calcula que un 37% de las tierras indígenas en Paraguay está en manos de terceros.

Hace una semana nuevos conflictos de tierra reflejan cómo la falta de soluciones estatales oportunas propicia un recrudecimiento de la violencia y vulneración de derechos de las personas indígenas, empeorando aún más la situación precaria en que viven las comunidades.

A pesar de que el Presupuesto General de la Nación puede ser una herramienta estratégica para revertir esta realidad cada año, los recursos que se destinan al INDI no logran impactar decisivamente y más bien reproducen la situación actual de las cosas.

La problemática indígena y la situación de los derechos de las personas indígenas demandan de Paraguay una inversión mucho mayor, que contemple acciones urgentes y a mediano y largo plazo.

De no darse un cambio drástico en la gestión y dotación de recursos en torno a las políticas para los Pueblos Indígenas, Paraguay no alcanzará a cumplir las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030 con que se comprometieron los países, especialmente los ODS 1 (Fin de la pobreza) y 2 (Hambre cero).