Se trata del docente Derlis Larrosa, quien alega que fue adjudicado por una supuesta deuda de más de G. 15 millones, cuyos pagarés llevan una firma falsificada. Alega que finales de marzo detectó el faltante en su salario y al consultar su extracto del Banco Nacional de Fomento, encontró un embargo judicial por 10 meses hasta pagar la totalidad de la deuda.

La víctima responsabiliza también al Juzgado de Paz de San Lorenzo por ordenar el trámite sin rigurosidad. Con ayuda de abogados encontró un expediente suyo en el Juzgado de Paz de San Lorenzo, donde el magistrado Hugo Agüero Ayala firmó la orden de embargo.

Entre los documentos estaban dos pagarés de G. 7 millones cada uno por “ramos generales”, que según Larrosa llevaban su firma falsificada, además de una fotocopia de cédula vendida. Larrosa exige que se resuelva su caso para seguir cobrando la totalidad de su sueldo, ya que el descuento mensual de G. 1.623.000 le quita de la boca el alimento a sus hijos, lamenta.

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