A través de la cuenta de X, la Procuraduría explicó los motivos por los cuales solicita la nulidad. En primer lugar, señala que no se puede imputar a Paraguay intereses compuestos porque eso implica capitalización de intereses, lo cual está prohibido por la legislación paraguaya. Es una práctica financiera conocida como anatocismo.

Además, la PGR señala que no se determinó el origen de la indemnización en contra del Estado, ni siquiera las causas directas que originaron esa obligatoriedad de pago. El estamento jurídico de la República duda de cómo logran cuantificar el daño y que el laudo se contradice porque en el contrato se establece que no se puede conceder a Mota Engil el lucro cesante.

Señala la Procuraduría que no se justificó el motivo del rechazo del recurso de rectificación que presentó Paraguay y que el tribunal dictó el laudo más de un año después de vencido el plazo para hacerlo.

US$ 17,4

millones debería pagar Paraguay a Mota-Engil, según el fallo del laudo arbitral.