El Gobierno, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, mantiene abierta la mesa de negociaciones con la Cámara Paraguaya de la Construcción (CAPACO) para buscar una solución al reclamo de USD 100 millones en intereses acumulados por obras realizadas entre 2020 y 2022. 

Estas deudas se originaron durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, que acumuló un capital impago de USD 350 millones, ya saldado por la administración actual en febrero de 2024. El problema radica en los intereses que las constructoras afirman estar respaldados por contratos y leyes. Sin embargo, el Gobierno actual considera que la tasa del 24% reclamada por el sector es excesiva y no sostenible para las finanzas públicas, ya que por ejemplo, el Estado coloca bonos con una tasa del 7%. 

Al parecer del ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, no se puede aceptar una tasa tan alta que pondría en riesgo la sostenibilidad fiscal y sentaría un precedente perjudicial en el país, por lo que se encuentra analizando a fondo el pedido que hacen los constructores.

La deuda acumulada por el gobierno anterior fue producto de un manejo financiero negligente, donde los fondos destinados a obras adjudicadas fueron utilizados para financiar nuevas licitaciones, creando un círculo vicioso que llevó al colapso financiero.

Ante esta situación, el Ministerio de Economía busca una salida equilibrada que honre los compromisos asumidos pero en términos razonables. Entre las principales propuestas figura la reducción del monto reclamado, lo cual ya fue puesta a consideración del rubro constructor, el cual deberá analizar si acepta esta reducción o lleva el reclamo ya a instancias judiciales.

Con este enfoque, el Ejecutivo prioriza una salida que respalde la equidad en las contrataciones públicas y evite el uso indebido de recursos en el futuro. De esta manera, queda en manos de las constructoras llegar a un acuerdo y solucionar el problema que heredó Mario Abdo Benítez y su ministro de Obras, Arnoldo Wiens, a la actual administración estatal.

En esa misma línea, de modo a evitar futuros contratos con condiciones que perjudiquen al Estado, el Ministerio de Economía emitió días atrás una resolución mediante la cual establece topes para la aplicación de tasas de interés moratorio. En los contratos que operen en guaraníes este tope será determinado en base a la Tasa de Política Monetaria publicada en los sitios oficiales del Banco Central del Paraguay, para el mes anterior de la constitución de la obligación. Mientras que, en los contratos que operen en dólar será fijado en base a la tasa de referencia SOFR (Secured Overnight Financing Rate) a seis meses para el mes anterior de la constitución de la obligación, publicada en los sitios oficiales del BCP.

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