El Ministerio de Economía y Finanzas presentó en el Senado una nueva versión del proyecto de reforma del sistema de jubilaciones del sector público, con cambios acordados con gremios y sectores afectados.
La propuesta plantea elevar el aporte de trabajadores de sectores deficitarios, incorporar un aporte estatal del 10% y establecer nuevas condiciones para acceder a la jubilación, con el objetivo de reducir el déficit de la Caja Fiscal.
El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, presentó este martes ante senadores y representantes gremiales una nueva versión del proyecto de reforma del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del sector público (Caja Fiscal), que incorpora modificaciones al planteamiento original del Poder Ejecutivo y ajustes consensuados con distintos sectores.
La propuesta fue expuesta durante una reunión conjunta de la Comisión Asesora Permanente de Hacienda y Presupuesto y la Comisión de Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado de la Cámara de Senadores.
El nuevo documento toma como base el proyecto de ley originalmente remitido por el Poder Ejecutivo, incorporando cambios introducidos por la Cámara de Diputados y modificaciones acordadas en mesas de diálogo con representantes del Magisterio Nacional, docentes universitarios, policías, militares y magistrados judiciales.
Entre los principales ajustes se encuentra el establecimiento de un aporte estatal del 10%. Este porcentaje incluirá el aporte implícito del Estado, que contempla beneficios como servicios de salud para funcionarios, el pago de la gratificación anual especial a jubilados y pensionados de la Caja Fiscal, así como los aportes del Tesoro destinados a cubrir el déficit del sector no civil.
La propuesta del Ejecutivo también plantea aumentar del 16% al 19% el aporte de los trabajadores pertenecientes a sectores deficitarios, además de introducir nuevas condiciones para el acceso a la jubilación ordinaria y extraordinaria.
En el caso de la jubilación ordinaria, los trabajadores del Magisterio Nacional, docentes universitarios y magistrados judiciales deberán contar con al menos 25 años de aporte y 53 años de edad. Bajo estas condiciones podrán acceder a una tasa de sustitución del 78%, que podría incrementarse gradualmente hasta alcanzar el 90% si el trabajador continúa prestando servicios y aportando al sistema.
Para el sector del Magisterio Nacional, la jubilación extraordinaria se mantendrá conforme a la normativa vigente, destinada a casos de enfermedad o incapacidad. En estas situaciones, el trabajador podrá acceder al beneficio con un mínimo de 10 años de aporte y una tasa de sustitución del 40%.
A pedido de los gremios, la nueva versión del proyecto establece además un periodo de transición. De esta forma, los docentes del Magisterio Nacional que cuenten con más de 20 años de aporte podrán optar por regirse por la legislación vigente o por las disposiciones de la nueva ley que eventualmente sea promulgada.
Otro de los cambios relevantes planteados por el Ejecutivo es la entrada en vigencia inmediata de la normativa una vez promulgada, a diferencia de versiones anteriores que contemplaban su aplicación a partir del siguiente ejercicio fiscal.
En respuesta a planteamientos realizados por representantes de las Fuerzas Públicas, el Gobierno aceptó modificaciones vinculadas principalmente a disposiciones sobre herederos y pensiones por invalidez.
En el caso de los magistrados judiciales, se mantendrá la disposición conocida como “dos por uno”, que reconoce un año de servicio como magistrado por cada dos años trabajados como funcionario administrativo, a efectos del cálculo jubilatorio.
El ministro Fernández Valdovinos señaló que, si bien los ajustes introducidos moderan parte del impacto fiscal previsto en la propuesta original y en el proyecto con media sanción de Diputados, la reforma sigue representando un avance hacia la sostenibilidad del sistema previsional.
Según explicó, mientras la versión inicial proyectaba una reducción del déficit superior al 60%, la propuesta ajustada permitiría disminuir el déficit de la Caja Fiscal en un rango estimado de entre 40% y 50% en el tiempo. Asimismo, indicó que los cambios introducidos acortan el horizonte para una futura revisión del sistema, reflejando el equilibrio alcanzado entre la sostenibilidad fiscal y las demandas de los distintos sectores durante el proceso de diálogo.