Teniendo en cuenta el impacto económico y social que generan los juegos de azar, en la Cámara de Diputados se encuentra en debate un proyecto de ley “que modifica los artículos 8, 11, 13, 21, 22 y 23 de la Ley 1016/1997 que establece el régimen jurídico para la explotación de los juegos de suerte o de azar”.

El documento en cuestión fue presentado por 14 diputados nacionales que proponen corregir el actual sistema de explotación de los juegos de azar y desmonopolizarlo, para no seguir otorgando concesiones monopólicas.

De acuerdo con la propuesta, la modificación sustancial se produce en el artículo 8°. Actualmente la normativa establece que las concesiones serán otorgadas a la mejor oferta presentada y que se ajuste a las normas dictadas por la autoridad competente, entre las que se incluirá la facultad de incrementar el canon. El cambio plantea que las concesiones sean otorgadas como mínimo a los 3 mejores oferentes presentados.

La iniciativa parlamentaria propone que la Comisión Nacional de Juegos de Azar examine las ofertas y de entre las mismas seleccione como mínimo a los 3 mejores oferentes tomando en cuenta los siguientes parámetros: el monto del canon, la capacidad financiera, la capacidad jurídica, los antecedentes y experiencia en la actividad licitada, y la garantía ofrecida. Esto abarca la quiniela, lotería instantánea, lotería diferida en sus diversas modalidades, apuestas deportivas; quini seis, bingo e hipódromo, entre otros.

Para ir avanzando en el análisis de este proyecto de ley, la Comisión de Legislación y Codificación, presidida por el diputado liberal Jorge Ávalos Mariño, realizó la semana anterior una audiencia pública, donde distintos sectores involucrados –tales como la Comisión Nacional de Juegos de Azar, los quinieleros y las empresas que explotan los juegos- dieron a conocer sus posiciones en torno al tema en debate.

Entre los presentes hubo acompañamiento en cuanto a la desmonopolización, como así también a la necesidad de realizar cambios más profundos de la normativa que data del año 1997 y requiere una modificación más sustancial.

Las empresas asociadas a la Asociación Paraguaya de Entretenimiento y Juegos de Azar –APEJ, a cargo de Javier Balbuena, expresaron además a través de un comunicado que “el rubro requiere en forma imperante de una nueva ley cuya visión tenga como fundamento principal la creación de una institución reguladora fuerte, autónoma, autárquica y con potencial para generar recursos económicos que finalmente serán distribuidos para los sectores más vulnerables de la sociedad por medio de la distribución de los cánones fiscales”.

Explicaron que la carencia de presupuesto propio hace notoria la necesidad, pues la ley vigente establece funciones y facultades que deben ser ejercidas por la CONAJZAR en todo el territorio de la República y, sin embargo, la inexistencia de un presupuesto hace que su cumplimiento sea de carácter imposible.

Los empresarios del rubro mencionaron que apoyarán toda propuesta legislativa siempre y cuando contemple la creación de una Dirección Nacional de Juegos de Azar, con infraestructura necesaria para cumplir sus objetivos. Además que se establezcan alcances para la explotación de juegos de azar, se delineen requisitos claros, se penalicen y castiguen los delitos. También solicitan que se unifiquen las disposiciones legales para evitar la desigualdad y el desarrollo desordenado que se genera a raíz de las múltiples reglamentaciones existentes a nivel municipal.

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