El abogado Carlos Bogado, director de Aporte Obrero Patronal del Instituto de Previsión Social, manifestó que 271 empresas pidieron la supensión de sus empleados durante la pandemia, de los cuales entre 20 a 30 ya fueron fiscalizados. Comentó que en algunas de ellas se comprobó que los trabajadores eran forzados a seguir prestando servicios, pese a haber sido suspendidos y que además continuaban facturando, incluso „más que nunca“ durante ese tiempo.

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