Una familia que posee un terreno en la ciudad de San Bernardino denunció la inacción comunal ante el cierre irregular de calle que va hasta el lago Ypacaraí, y además expuso las arbitrariedades cometidas por el juez de la causa judicial entablada contra su vecino invasor.

La propietaria Gladys Benegas, una de las herederas de Mariano Benegas (anterior dueño de un inmueble en San Bernardino), expuso la desidia y negligencia del intendente Emigdio Ruíz Díaz ante el atropello que estaría cometiendo un vecino suyo, un empresario identificado como Luis Kemper.

La familia Benegas mantiene un litigio judicial contra Kemper por construir un muro de importantes dimensiones que ingresa a parte del terreno heredado, y que además usurpa la calle Amaneceres del Lago, el cual dividía a ambas propiedades ubicadas en barrio San Cristóbal.

Según la denuncia, el muro electrificado fue colocado sobre la calle que fue establecida en 1985 por resolución municipal y que permite llegar al lago Ypacaraí, y que esta estructura sobrepasa los límites y ocupa la propiedad vecina.

En el documento de la compra del terreno de parte de Kemper se menciona la resolución municipal 1985 que creó la calle que va hasta el lago, lo cual revela que la propiedad de los Benegas y de Kemper no eran linderas sino que estaban separadas por una vía pública de 147 metros de largo por 8 metros de ancho.

La municipalidad de San Bernardino, en complicidad con el denunciado, permitió que cierre la vía pública y ocupe parte del otro terreno, al aprobar un proyecto de construcción de viviendas en el sitio que ya estaba en litigio.

El juicio contra Kemper para la reivindicación del inmueble se encuentra en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Segundo Turno de Caacupé, a cargo del juez Carlos González Ríos. A mediados del año pasado, a través de su abogado Amelio Calonga, la familia demandante solicitó la intervención de la Dirección General de la Auditoría de Gestión Jurisdiccional en este proceso, al exponer las medidas aplicadas contra la denunciante y a favor del demandado, tales como resoluciones fuera de plazo, denegaciones arbitrarias, entre otros.

Es así que, de acuerdo con la versión de los afectados, el Juzgado de Caacupé y el Tribunal de Apelaciones, en lugar de proteger los derechos legítimos de los ciudadanos, permitieron a Kemper continuar sus construcciones, ignorando el art. 2422 del Código Civil, el cual prohíbe expresamente al poseedor realizar construcciones una vez notificada la demanda, norma que fue desatendida, permitiendo que el empresario avance en su proyecto de condominio familiar con una pileta a 12 metros del lago, transgrediendo la ordenanza municipal y las normativas legales relativas al medio ambiente.

Llamativamente, la petición hecha por la familia Beneges de una medida cautelar de no innovar fue no solo rechazada, sino que se les impuso una carga adicional: una fianza sobre su propia propiedad.

Si bien el Mades suspendió inicialmente las obras, luego revirtió su medida. Según los denunciantes, Kemper habría presentado documentos alterados cuando solicitó la autorización de Declaración Ambiental y cuando formuló su descargo en ocasión de la suspensión provisoria.

El muro erigido por Kemper, de 3 metros de altura y 147 metros de largo, en zona de humedales, simboliza más que una usurpación física; es un emblema de la impunidad y la inequidad. Este muro obstruye no solo la vista y el acceso al lago sino también el drenaje natural, provocando inundaciones en la propiedad invadida y en las áreas vecinas. Es por ello que la familia afectada hace un nuevo llamado a la justicia para poner fin a la invasión de la propiedad y que la comuna recupere de una vez por todas el bien público que debe ser de todos.

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