Gremios de la construcción advierten que el Estado adeuda cerca de US$ 360 millones por obras públicas ejecutadas, una situación que pone en jaque a empresas, empleos y proyectos estratégicos, y que podría erosionar la confianza en Paraguay como destino de inversión.
La Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco) y la Cámara Paraguaya de Consultores (Cpcpy) expresaron su profunda preocupación ante la creciente deuda que el Estado mantiene con empresas del sector por obras públicas ya ejecutadas, certificadas e incluso concluidas en algunos casos.
Según los gremios, el monto adeudado asciende actualmente a aproximadamente US$ 360 millones solo en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), una situación que consideran financieramente insostenible para las empresas responsables de desarrollar la infraestructura del país.
Las organizaciones señalan que los pagos parciales realizados hasta ahora resultan insuficientes y que muchas empresas enfrentan una situación cercana a la quiebra técnica, debido a los costos financieros que implica sostener obras encargadas por el propio Estado. El impacto de esta situación no se limita a las constructoras: afecta a proveedores, debilita la cadena de pagos, pone en riesgo empleos formales y compromete la continuidad de proyectos estratégicos para el desarrollo nacional.
En el comunicado, los gremios advierten además que Paraguay no puede permitirse caer en una especie de “default selectivo interno”, en referencia al incumplimiento de obligaciones con empresas locales que ejecutan infraestructura pública. Señalan que, más allá de los indicadores macroeconómicos o del grado de inversión recientemente obtenido por el país, los inversionistas también evalúan factores como la seguridad jurídica, la previsibilidad institucional y la confiabilidad del Estado como contratante.
En ese sentido, sostienen que trasladar implícitamente el costo del financiamiento a los proveedores del Estado, en particular al sector de la construcción, no constituye una política fiscal equilibrada. Las empresas, advierten, no deben convertirse en “financistas involuntarios del Estado”.
El análisis presentado por los gremios muestra que, para el año 2026, el presupuesto aprobado para infraestructura alcanza los US$ 570 millones, mientras que las obras comprometidas ascienden a US$ 800 millones. Sumado a la deuda acumulada y los intereses pendientes, estiman que el déficit real del sector podría alcanzar US$ 590 millones.
Además, señalan que a la situación del MOPC deben sumarse obligaciones pendientes de otras instituciones públicas como el Ministerio de Salud Pública, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), el Instituto de Previsión Social (IPS), la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), entre otras.
Frente a este escenario, las cámaras proponen medidas urgentes para normalizar la situación financiera del sector. Entre ellas, destacan la utilización inmediata de fondos provenientes de convenios internacionales, que ya se encuentran disponibles para su uso, así como la ampliación del Presupuesto General de la Nación 2026, con el fin de adecuarlo a las necesidades reales de financiamiento de la infraestructura.
Para los gremios, cumplir los contratos firmados es una condición indispensable para sostener el desarrollo económico. Insisten en que Paraguay no puede comprometer su credibilidad institucional ni debilitar al sector que construye las obras que permiten el crecimiento del país.
El comunicado cuenta además con el respaldo de diversas organizaciones empresariales y de numerosas compañías vinculadas al sector de la construcción y servicios asociados, que acompañan el llamado a una pronta solución para garantizar la continuidad de las obras públicas y la estabilidad de una industria clave para la economía nacional.
