Asunción, Agencia IP.- Las intervenciones realizadas en lo que va del años contra grandes establecimientos dedicados a la criptominería irregular permitieron detectar un daño patrimonial estimado en G. 13.000 millones, informaron este jueves autoridades de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).
Con la última intervención ayer en la ciudad de Salto del Guairá, se procedió a la desconexión de equipos con una potencia acumulada de 63,7 MW. «Comparativamente esa es la potencia que corresponde al doble de demanda de la ciudad de Pilar y representa el 30% de la potencia nominal de la Central Hidroeléctrica Acaray», dijo el presidente de la ANDE, Félix Sosa.
La intervención de ayer es la más grande en la historia de la institución. Fueron incautados 2.738 procesadores dedicados a la criptominería y 5 transformadores de potencia con 7,15 MW de capacidad.
El daño patrimonial afectaba a las finanzas de la empresa estatal al igual que al normal suministro de energía para los usuarios.
Procedimiento contra conexiones irregulares
El gerente comercial de la ANDE, Hugo Rolón, indicó la empresa emplea sistemas informáticos para analizar variaciones significativas en los sistemas de distribución e identificar usos elevados de energía. A estos se espera sumar software de inteligencia artificial para facilitar la tarea y agilizar las intervenciones.
Que hayan aumentado el tamaño de los establecimientos intervenidos es fruto de una alianza de la ANDE con el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), destacó su titular Félix Sosa. El convenio con estas instituciones permitió el acompañamiento fiscal en los allanamientos de los técnicos de la ANDE, así como el avance de las causas abiertas por el hecho punible de sustracción de energía.
Decomiso de los equipos
«En cada intervención se realizan las imputaciones y la incautación de los equipos», señaló Sosa. Con una propuesta de modificación del Código Penal se busca, por un lado, elevar las penas para estos hechos, y permitir el decomiso de los equipos una vez que los responsables hayan sido condenados para su subasta.
Una vez determinado el decomiso se procede a la subasta y el resultado pase al patrimonio de la ANDE.
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