“Es una función que, ante la digitalización y el avance del mundo, prácticamente ya no existe. Son solo dos países en el mundo que lo hacen: Egipto y Paraguay. Esa tasa se cobra por una verificación, que no se trata de una verificación como tal, simplemente cada embajada le ponía el sello y devolvía los papeles”, refirió Iván Dumot, presidente del CIP.

El titular del gremio enfatizó en que, más allá del costo de la tasa, hay un tiempo importante y sobrecostos que cada proveedor afronta para finalmente colocar los productos en el mercado local.

Según explicó, el proyecto se agrupa en dos categorías: primeramente se tiene a los actos y documentos gravados, seguido de los artículos que establecen los trámites e instancias de control y fiscalización de visado y legalización.

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actuaciones consulares serían eliminadas con el proyecto.