Según el doctor Darío Ortega, asesor jurídico de la Contraloría General de la República, dicho órgano está habilitado constitucionalmente para controlar los gastos sociales realizados en nuestro país con fondos de ambas Binacionales. Señaló que están manteniendo reuniones con el contralor, Camilo Benítez, a fin de determinar las acciones que seguirán.

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