Carnaval de compras públicas del actual Gobierno compromete a la siguiente administración

Lea Giménez, integrante del equipo de transición de Santiago Peña, expuso su preocupación por las movidas que se están ejecutando antes del cambio de Gobierno, tales como las licitaciones a las apuradas, la recategorización de funcionarios, los pagos de intereses moratorios y concursos supuestamente direccionados para incorporar a más empleados públicos.

Existen múltiples denuncias de licitaciones y contratos realizados coincidentemente meses antes del traspaso de mando, y para la exministra de Hacienda, la mejor práctica en este momento es parar todo lo que no es urgente y postergarlo, ya que no hay apuro para tomar decisiones importantes a los 5 minutos de terminar el partido.

Lea Giménez adelantó que una vez asuma el nuevo gobierno, se revisarán los proyectos y licitaciones que están en curso, a fin de dar continuidad a aquellos que tienen sentido y anular los que presenten alguna irregularidad.

El equipo de transición, que aún espera la proclamación del TSJE para comenzar a trabajar, ya recibe cientos de denuncias e informaciones sobre la alborotada práctica en diversas instituciones del Estado antes de concretarse el pase de mando.

Una de estas jugadas es la recategorización de los funcionarios, específicamente en la ESSAP S.A., en este mes de mayo. Según la denuncia, aquellos que ocupan cargos importantes son beneficiados con la reasignación salarial, antes de que se concrete el cambio de los administradores de la empresa pública.

Conforme a la información que maneja el equipo de transición, el grupo de estos privilegiados estaría compuesto por Gustavo Cárdenas con salario de G 20 millones; Gustavo González con salario de G 25 millones; Alexander Katzenberger que percibe G 25 millones; Victor Manuel Tullo con sueldo de G 8 millones; Ana María Ramírez con un total de G 16 millones; Melissa Noemí Acosta con sueldo de G 12 millones; Paula Cecilia García con G 13 millones en sus haberes; Faviola Sánchez con G 11 millones, y Lisa Báez Acosta con sueldo de G 10 millones.

Esta situación se da en la Essap mientras otros funcionarios antiguos y de menor rango salarial no perciben hace tiempo un reajuste de sus salarios, como las cuadrillas de redes, de asentamiento urbano, del área de medidores, los guardias de seguridad, los operadores de centros de distribución y los funcionarios administrativos.

Otra preocupación expuesta por Lea Giménez son los pagos en el Ministerio de Obras Públicas de intereses moratorios por deudas contraídas en la pandemia con los proveedores del Estado. En dicha institución, una importante cantidad de funcionarios están siendo capacitados para gestionar estos inusuales pagos de manera acelerada, en vez de abonar el capital de la deuda o negociar con las empresas proveedoras, tal como normalmente se acostumbra a realizar.

Así también, la integrante del equipo de transición mencionó que entre el carnaval de licitaciones se están realizando algunos llamados plurianuales, las cuales impactarán en los presupuestos de los siguientes años. Una prueba de ello es lo que ocurre en el Ministerio del Ambiente (Mades), donde se están planificando compras públicas a ser publicadas en los siguientes meses y para las cuales se comprometen 2,3 millones de dólares.

Además genera mucho ruido que las autoridades actuales se empecinan en seguir a tambor batiente el concurso en Itaipú para incorporar a 220 personas a la nómina laboral, pese a los numerosos cuestionamientos que existen contra el proceso aparentemente direccionado hacia los amigos de la casa y los hurreros.

El temor que existe actualmente es que las movidas que se están haciendo ahora generen el fenómeno de la “caja vacía” del Estado cuando asuman las nuevas autoridades en agosto próximo. En Paraguay ya es costumbre que se apuren las licitaciones, los nombramientos y las recategorizaciones en la etapa de transición, ante la falta de una regulación. Pablo Seitz, director de Contrataciones Públicas, mencionó que urgen herramientas legales que regulen el funcionamiento de la administración en los periodos de transición y además en los próximos a elecciones, cuando se da el tradicional vito con el dinero público.

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