La delegación recordó en su intervención que las menores tenían nacionalidad argentina y reiteró el ofrecimiento a Paraguay „de poner a disposición el Equipo de Antropología Forense“.

El Gobierno paraguayo rechazó en su día esa propuesta argentina..

Las dos menores fallecieron en un operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en un campamento del grupo criminal en los alrededores del pueblo de Yby Yaú, en Concepción.

El Gobierno paraguayo sostiene que las dos niñas eran hijas de líderes del grupo criminal y fueron criadas por otros familiares en Argentina.

Antes de que Argentina tomara la palabra, la delegación paraguaya, durante su exposición en el EPU, condenó la utilización de menores por parte de grupos criminales.

El encargado de exponer ante la ONU los avances de Paraguay en materia de Derechos Humanos, el viceministro de Relaciones Exteriores, José Antonio Dos Santos, se refirió de manera velada a este caso cuando habló de la protección de la niñez y de la adolescencia.

„Paraguay enfatiza su repudio a la práctica deleznable de utilización y explotación de niños, niñas y adolescentes por grupos criminales, reafirmando su determinación de continuar el combate, investigación y sanción al crimen organizado, y de seguir colaborando abiertamente con los mecanismos internacionales de protección en este ámbito“, recalcó el viceministro.

El pasado viernes, durante una audiencia pública organizada por la comisión de derechos del Senado, varios grupos civiles instaron al esclarecimiento de los hechos y solicitaron al Gobierno que volviera a reconsiderar el ofrecimiento del equipo forense argentino.

Representantes de algunas de las organizaciones proderechos humanos invitadas a esa audiencia denunciaron una inacción del Ministerio Público en la investigación de las muertes.

Volvieron además a poner de relieve el inmediato entierro de las víctimas y la quema de sus vestimentas, que la Fiscalía justificó por el protocolo bioseguridad para combatir el covid-19.

En el primer examen en la localidad de Yby Yaú, el forense fiscal determinó edades próximas a los 17 años, si bien un análisis posterior las estableció en 11 años.

Ello tras la exhumación de los cuerpos y una segunda autopsia en Asunción, después de que el Gobierno argentino comunicara esa edad y la nacionalidad de las víctimas.