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La joven Belén Samudio había encontrado la oportunidad el año pasado de cumplir su sueño, tener su propia tienda de ropas. La misma mencionó que es una apasionada por la moda y que siempre le gustó todo lo relacionado a la vestimenta.

Fue así que nación “Ao de la Chuchi” en San Lorenzo. Sin embargo, a un año del inició del emprendimiento, la situación de la pandemia tuvo sus efectos en el negocio.

“Hoy día se me está haciendo insostenible ya que el flujo de dinero escasea, sabemos que estamos en una crisis económica fuerte aunque nunca perdí las esperanzas de continuar ya que el local es propio. Me es imposible seguir con mi emprendimiento”, comentó Belén a HOY.

Ante la decisión de cerrar el local, surgió la idea de retomar todas las prendas a menos del costo de tienda.

El local se encuentra ubicado sobre la calle Nilo Meyer 571 entre Buenos Aires y De Las Residentas, en el barrio San Luis de San Lorenzo. Para más info: 0971 944090.

El Director General Paraguayo de Itaipú se expresó en relación a la polémica generada por la negativa a brindar informes sobre el uso de fondos sociales y aseguró que dicha decisión se da por una cuestión de prudencia.

“No es que no queremos ser controlados, que nadie entre. Hay controles internos de estándares internacionales muy elevados, pero independientemente de eso hay caminos y lo que queremos es respetar la institucionalidad y la binacionalidad”, expresó a la 780 AM.

Asimismo, Cáceres dijo que con una eventual auditoría en la binacional se podría “perjudicar la relación” con Brasil y hasta truncar las futuras conversaciones, negociaciones y revisiones, refiriéndose al Anexo C del Tratado de Itaipú.

El director de la margen paraguaya recordó que ya hubo un proceso anterior en el 2009 para auditar las cuentas de Itaipú, pero que fue con acuerdo de ambas partes y no de forma unilateral como se pretende hacer ahora.

Inclusive, mencionó que existe un fallo del Supremo Tribunal Federal de Brasil que sostiene que si la Contraloría brasileña hubiera ingresado unilateralmente a revisar las cuentas de ente sería una “violación a la soberanía paraguaya”.

“No es un capricho nuestro, nada más queremos preservar lo que tenemos, esta binacionalidad que rige en el día a día de la Itaipú”, puntualizó.

Cáceres adelantó que actualmente se está impulsando un proceso que lideran las cancillerías de Paraguay y Brasil y del que también son parte las contralorías de ambos países, buscando autorizar las revisiones financieras de manera conjunta pero a través de una nota reversal.

En ese contexto, una de las encargadas de esta labor es la ingeniera agrónoma Paola Miglio, quien relató que durante todo el mes se plantarán diferentes tipos de flores en los canteros que se encuentran dentro del perímetro de la obra, en los espacios entre los edificios. “Tenemos diferentes especies como el boldo de hojas finas, que se utiliza en la parte ornamental, jazmín magno con flores rojas, asuncenas y jazmín del Paraguay”, explicó.

La profesional agregó que algunos canteros tendrán otro tipo de plantas como crespón fucsia y blanco, además de allamanda, más conocida como copa de oro.

“Estas plantas están en un estado vigoroso, tienen unos cuantos meses y tardarán en prender dependiendo de la especie. El jazmín magno tardará un poco más porque es una especie más grande, pero florece siempre y durante todo el año porque es una planta perenne”, agregó. Por otro lado, el Eje Cívico también tendrá las mismas especies además de plantas forestales como el ñangapirí.

Los trabajos de paisajismo dentro del perímetro de las oficinas durarán un mes. La profesional explicó que una vez terminada la construcción de los canteros del eje cívico, iniciarán las labores de jardinería allí.

Habrá aproximadamente 20.000 m² de área verde dentro de Oficinas de Gobierno. “En el eje cívico también serán aproximadamente 20.000 m² de verde, pasto cavajú, con las especies mencionadas”, concluyó.

AVANCE DE OBRAS

La construcción en altura del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) presenta un 93 % de ejecución; le sigue la futura sede del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), con un 85%. Por su parte, el edificio que albergará a los Ministerios de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) y Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) tiene un progreso del 86%.

La elevación de seis plantas proyectada para el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) está, a la fecha, en 76% de su totalidad; mientras que la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) marcó un 76% de edificación. En cuanto a los espacios comunes, el subsuelo exhibe un 86% de avance; el comedor, 79%; y el auditorio, 75%.

En toda la obra continúan los trabajos de terminación de albañilería, colocación de perfilería de aluminio e instalación de los sistemas de aire acondicionado, sanitario y eléctrico, y cielorraso en los diferentes edificios.

EJE CÍVICO

Al 13 de mayo del 2021, la obra se encontraba ya en un 47 % de ejecución total. Actualmente se realizan trabajos de aislamiento y la colocación de pisos de adoquines.

Las construcciones están a cargo del Consorcio TBI, conformado por las constructoras Tecnoedil S.A., Alberto Barrail e Hijos S.A e Itasã SA.

“Hoy tendrían que habernos dado una respuesta los miembros del Equipo Económico del Ministerio de Hacienda”, indicó Mirna López a Radio 1000, quien representa al Sindicato de Trabajadores del referido centro asistencial.

La misma comentó que “hay categorías” de funcionarios y que “no permitiremos que ningún compañero quede fuera”, ya que vienen cumpliendo con la doble evaluación anual.

Según explicó, son 1.090 funcionarios permanentes los que esperan la recategorización, para la que solicitaron un monto de diez mil millones de guaraníes.

“Desde el primer peón de patio hasta el último profesional médico pedimos, pero sólo salió para el personal presupuestado”, indicó, además de agregar que sólo falta voluntad política para aprobar la ejecución del presupuesto.

En principio solicitaron la recategorización a 1.600 funcionarios y el monto destinado ya se incluyó en el presupuesto 2020. “En julio ya se debía ejecutar esto”, insistió.

El proyecto “Derecho a la Identidad mediante acceso a documentación oficial de personas indígenas en Paraguay” comenzó hace un par de meses y se prolongará durante cerca de tres años, como informaron este miércoles las autoridades paraguayas durante la presentación de esta campaña.

Durante un acto celebrado en la sede del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), María Luisa Duarte, representante de los pueblos indígenas, agradeció esta iniciativa para “subsanar” la falta de documentación en esas comunidades.

“Hay hermanos que viven como en las épocas feudales, que no tienen documentaciones oficiales. Eso es doloroso porque no les permite ser identificados para alcanzar beneficios”, expresó.

Esa documentación también permitirá a las comunidades indígenas alcanzar el derecho “para elegir o para ser elegido” en elecciones y aumentar la participación y representación de esta parte de la población paraguaya.

Paraguay arrastra desde hace años la falta de cédulas de identidad y de inscripción en los registros civiles de la población indígena, lo que limita sus derechos como ciudadanos.

Las misiones de observación electoral que acuden al país durante la época de comicios han señalado esta carencia como uno de los puntos que el país debe corregir, como recordó este miércoles durante el acto el presidente del TSJE, Jaime Bestard.

Para cumplir esa meta, el TSJE trabaja con la delegación de la Unión Europea (UE) en Paraguay y las organizaciones Diakonia y Tierraviva para registrar e identificar a los indígenas que viven en todo el país.

El jefe de Cooperación de la delegación de la UE en Paraguay, Matteo Sirtori, explicó que en los próximos tres años se pretende llegar a unas 37.000 personas indígenas de 19 pueblos y más de 600 comunidades de todo Paraguay.

“El hecho de tener una documentación oficial es una condición para que se vean reconocidos los derechos de todas las personas y para una participación más activa”, agregó Sirtori.

En los próximos años, Tierraviva y Diakonia van a organizar jornadas de acceso a la documentación para entregar cédulas de identidad, partidas de nacimientos e inscripciones en el registro civil.

La abogada de Tierraviva, Adriana Agüero, reconoció el avance que representa este caso para las comunidades indígenas, y recordó el caso de una mujer indígena que murió a los 102 años sin “poder demostrar que existía”.

Para Agüero, la documentación permitirá a los indígenas “acceder a todas las políticas públicas del Estado” de las que ahora no se pueden beneficiar por falta de acreditación.

Desde el Instituto Nacional del Indígena (INDI), su titular, Édgar Olmedo, apuntó que la falta de cédulas de identidad añade un problema más a la “situación de vulnerabilidad” en la que se encuentran estas comunidades y celebró que gracias a la documentación puedan participar como candidatos y electores en próximos comicios.

“Es una demostración clara del avance en el ámbito político y electoral”, concluyó.

El Censo Nacional de Población y Vivienda Indígena, con datos de 2012, cifra en 112.848 la población indígena, en un país con unos 7 millones de habitantes.

Una gran parte de esas comunidades viven en situación de pobreza extrema y de marginación, debido principalmente a la apropiación indebida de sus tierras y a la consiguiente emigración a centros urbanos.