El Ministerio Público presentó hoy acusación formal contra la extitular de Petropar, Patricia Samudio, su esposo José Costa Perdomo y otras personas por lesión de confianza en el marco del caso de compra de insumos y productos sobrefacturados durante la pandemia de COVID-19.
Samudio fue sindicada de haber autorizado la compra de 5.000 unidades de agua tónica, así como 3.000 unidades de mascarillas N95, 60 tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets, 15 termómetros láser, entre otros, a precios muy superiores a los que se ofertan en el mercado.
Según señala el documento de la Fiscalía, el monto total de esta compra -realizada por la vía de la excepción en el marco de la emergencia sanitaria- asciende a G. 359.700.000, dinero que fue destinado a la firma SOLUMEDIC S.A.
El hecho que llamó la atención de los investigadores y que ayudó a desentramar este aparente esquema de corrupción fue la transferencia del dinero a otra cuenta distinta, en este caso la de la empresa RACOLE S.A. el día 2 de abril del 2020.
De acuerdo a la acusación, el monto abonado por Petropar a la empresa SOLUMEDIC S.A. fue transferido íntegramente a RACOLE S.A. para poder saldar una deuda particular contraída por el esposo de Patricia Samudio, José Costa Perdomo, en concepto de un millonario préstamo.
Víctor Cabañas, representante de la firma adjudicada, confirmó la operación bancaria y también el haber recibido expresas instrucciones de Costa Perdomo para redireccionar el dinero a la cuenta de RACOLE S.A., información que fue cotejada tras el peritaje de su teléfono celular.
Estas circunstancias prueban con absoluta suficiencia que Patricia Samudio y su esposo obtuvieron un beneficio económico indebido a partir del montaje realizado para simular los llamados a licitaciones, todo esto aprovechándose de la crisis generada a causa del COVID-19, según el Ministerio Público.
Asimismo, la investigación logró constatar que la expresidenta de Petropar era “plenamente consciente” de que con dicha compra de mercaderías inexistentes estaría ocasionando un perjuicio económico al patrimonio de la institución, concretando el desvío de suma de dinero del ente “en provecho y beneficio propio”.
La acusación de la fiscalía dice los 350 millones de Petropar no fueron a parar a agua tónica ni a insumos de salud, sino a saldar una cuenta que la pareja de Patricia Samudio tenía con una empresa. El 16 de marzo 2020 empezaron a maquinar todo esto, apenas inició la pandemia. pic.twitter.com/LbQyqGyEXm
— Santiago González (@Santula) June 1, 2021