​En el documento presentado por la Fiscalía se consigna que Efraín Alegre incurrió en producción de documentos no auténticos, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso en calidad de autor.

También acusan a Pascual Benítez Barrientos, con quien, el presidente del PLRA habría embaucado al empresario gasolinero Silvio Concepción Martínez Mendoza.

Este es propietario de la estación de servicios Catedral y los acusados habrían obrado de mala fe, elaborando una factura por valor de 98 millones de guaraníes.

Martínez afirma que nunca prestó servicios al PLRA y que los documentos fueron clonados. Existe una factura auténtica por valor de cien mil guaraníes y la falsificación se hizo en tiempos de campaña electoral en el 2018.

La producción de documentos falsos tiene una expectativa de pena privativa de libertad de hasta cinco años. Incluso, en torno al PLRA aseguran que Alegre quebró al Partido y que hay un atraso de seis meses en el pago de salarios a funcionarios.