Con 11 votos a favor y 8 en contra, la Junta Municipal de Asunción puso punto final a una larga puja de dos grandes grupos empresariales que buscaban monopolizar el mercado de la Capital e impedir que otros servicentros compitan.

La Ordenanza N° 326/2021 “Que establece la provisión, manipuleo, almacenamiento de combustibles, líquidos y gaseosos, así como el funcionamiento de los locales, destinados a su comercialización y actividades afines se estudió por cuarta vez.

La normativa municipal establecía una distancia mínima de mil metros entre una estación y otra y requisitos como localización en esquinas de avenidas con superficies mínimas.

Uno de los sectores que manifestó su oposición desde el principio fue la Cámara de Distribuidoras Paraguayas de Combustible. A criterio del gremio, la ordenanza pretendía implementar todas las condiciones para que no exista una estación nueva que compita con las ya existentes, además de dictar precios e imponer las calidades que el usuario debe consumir.

Como antecedente a este tratamiento, la Comisión Nacional de Competencia (Conacom) dictaminó en contra de esta ordenanza y en el mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia la declaró inconstitucional.

Según Cadicap dos grupos económicos son los que controlan más del 70% de las estaciones de servicio de Asunción, manejando el 90% del mercado de combustibles de la Capital.