Luego de su aprobación, el proyecto pasa a la Cámara de Senadores para su estudio, rechazo o aprobación.

De acuerdo al proyectista Edgar Acosta, del Partido Liberal, el mismo busca evitar que “la discrecionalidad, basada en términos arbitrarios impidan dar andamiaje al mecanismo de control y al cumplimiento del rol constitucional asignado por la Carta Magna a la Contraloría”.

De ser aprobado, a partir de entonces la ley dispondrá el control, vigilancia y fiscalización de las cuentas nacionales, dando activa participación a la Contraloría.

Acosta significó que “es criminal estar en contra de la transparencia, así como lo es desde el punto de vista constitucional”.

La Contraloría General de la República dictará una resolución en la cual establezca los protocolos y procedimientos para el cumplimiento de los fines de esta legislación, los cuales deberán prever, al menos dos auditorías, una financiera y otra de obras, anuales a las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá, debiendo elevar, inmediatamente los informes y resultados a ambas Cámaras del Congreso Nacional.