En entrevista con la 780 AM, el juez Edgar Rivas remarcó que la ley faculta a la Contraloría General de la República a solicitar a un juez de primera instancia que pueda ordenar allanamientos de domicilios, locales, depósitos u otros recintos para solicitar a una institución que brinde cierta información requerida.

Tal situación se da ahora con la Itaipú Binacional, en atención al pedido de presentación de informes sobre uso de fondos sociales realizado por el ente contralor y que hasta ahora fue denegado.

En este caso puntual, existe un tratado firmado entre Paraguay y Brasil para la creación de la Itaipú Binacional, por lo que podría existir una “posible contraposición de reglas constitucionales”, indicó Rivas.

Por ello, decidió remitir el caso a la Corte Suprema de Justicia para que se pueda expedir sobre la cuestión y defina la constitucionalidad de las atribuciones de la Contraloría, disipando la duda existente.

La Carta Magna es la máxima ley de la nación, luego se encuentran los tratados internacionales y por debajo las leyes de inferior rango. La ley utilizada como argumento por la CGR es de menor rango que un tratado y se queda “en el medio” de la Constitución y podría generar un conflicto entre las reglas constitucionales, enfatizó.

No existe un plazo específico para que la Corte Suprema de Justicia pueda dar una resolución sobre este tema, por lo que no se sabe cuánto tiempo podría demorar el tener una respuesta, de acuerdo a lo mencionado por Rivas a la emisora radial.

“Es una cuestión importante de Estado que debe tener una respuesta rápida”, añadió.