El Gobierno analiza medidas ante el impacto del diésel en los costos operativos del sistema.

El Viceministerio de Transporte prioriza garantizar la circulación de buses sin trasladar el ajuste a los usuarios.

El aumento internacional del precio del combustible encendió las alertas en el sistema de transporte público. Sin embargo, desde el Ejecutivo aseguran que el costo del pasaje no está en discusión, mientras avanzan en la evaluación de alternativas para sostener la operatividad del servicio.

El viceministro de Transporte, Econ. Emiliano R. Fernández, encabezó una reunión con representantes de gremios y empresarios del transporte público para analizar el impacto de la suba del combustible en el sector, uno de los principales componentes de su estructura de costos.

Durante el encuentro, el funcionario reconoció que el incremento del precio del diésel genera una presión significativa sobre el sistema, pero fue enfático en señalar que el precio del pasaje no está siendo considerado para ajustes.

“Existe una situación que debemos abordar, marcada por una suba importante del combustible. Vamos a evaluarlo dentro del Ejecutivo, porque el objetivo final es que los buses sigan circulando”, afirmó Fernández.

El viceministro recordó que cualquier medida deberá ajustarse al marco legal vigente, especialmente al Decreto N° 710/2023, que regula el esquema de subsidios al transporte público.

Según explicó, el diésel representa entre el 32% y el 37% de la estructura de costos del transporte de pasajeros, lo que refleja su peso determinante en la sostenibilidad del sistema. En este contexto, el Viceministerio trabaja en conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas para definir posibles respuestas.

Como parte del análisis, las autoridades solicitaron a las empresas del sector la presentación de sus facturas de compra de combustible, con el objetivo de contar con información actualizada y precisa que permita dimensionar el impacto real de la suba.

“El tiempo no es un aliado en este contexto. Estamos evaluando alternativas dentro de lo que permite la normativa y la disponibilidad financiera”, indicó.

Finalmente, Fernández reiteró que la prioridad del Gobierno es garantizar la continuidad del servicio de transporte público, asegurando que los buses sigan operando con normalidad sin afectar el bolsillo de los usuarios.