El empresario Norman Harrison Paleari cuestiona la intención de reglamentar las reservas facultativas y alerta sobre el efecto en empresas endeudadas por falta de pagos del Estado.
El sector privado sostiene que la medida podría forzar desembolsos que agraven la liquidez en un contexto de deuda pública que ronda los US$ 1.000 millones en rubros clave.
En la foto: Norman Harrison Paleari.
La discusión sobre las reservas facultativas suma tensión entre el Gobierno y el sector empresarial. Mientras se analiza una eventual reglamentación para limitar su uso, referentes del sector privado advierten que la medida podría generar efectos adversos en empresas ya golpeadas por la falta de pagos estatales.
El empresario Norman Harrison Paleari se pronunció sobre el debate en torno a la regulación de las reservas facultativas, señalando que, si bien es válido establecer ciertos límites, el contexto actual vuelve riesgosa cualquier medida que obligue a las empresas a desprenderse de liquidez.
Explicó que, en la práctica empresarial, la decisión sobre utilidades, distribuir dividendos, capitalizar o constituir reservas, se define en asambleas ordinarias entre marzo y abril, como parte del cierre del ejercicio fiscal.
Sin embargo, advirtió que la coyuntura es excepcional. Según detalló, numerosas empresas se encuentran hoy endeudadas y apalancadas para cumplir sus compromisos, en gran medida debido al retraso en los pagos del Estado a sectores como el vial, farmacéutico y otros proveedores.
“Es imprudente exigir pagos cuando el Estado no cumple”, Harrison
“Sería más irresponsable tomar más créditos para pagar dividendos o para capitalizar y cumplir con el pago de impuestos”, afirmó Harrison, al cuestionar la posibilidad de imponer restricciones más estrictas sobre las reservas.
En ese sentido, indicó que la deuda estatal con el sector farmacéutico ya asciende a cerca de US$ 1.000 millones, lo que impacta directamente en el flujo de caja de las empresas.
El empresario sostuvo que las reservas facultativas cumplen una función financiera clave: permiten a las compañías esperar un momento adecuado de liquidez antes de decidir la distribución o capitalización de utilidades. “Las utilizamos para esperar un flujo de caja positivo cuando el Estado cumpla con sus obligaciones”, explicó.
Asimismo, advirtió que una reglamentación rígida podría obligar a realizar desembolsos en el corto plazo que comprometan aún más la estabilidad financiera. “Sería totalmente imprudente una medida que obligue a hacer pagos que afecten el flujo de caja”, subrayó.
No obstante, Harrison reconoció que podría ser razonable establecer un límite temporal para la permanencia de estas reservas, siempre que se consideren las condiciones reales de las empresas y el contexto económico.
Finalmente, cuestionó la política económica del Gobierno, señalando que la presión por aumentar la recaudación podría estar generando efectos negativos en la microeconomía, afectando la sostenibilidad de sectores clave y el empleo.
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