La Cámara Baja aprobó la versión del Senado y envió el proyecto al Poder Ejecutivo, tras un fuerte cruce interno en el oficialismo.

Legisladores cartistas acusaron al ministro de Economía de haber inducido decisiones bajo “escenarios engañosos”, en un contexto de déficit de US$ 380 millones.

Asunción (Paraguay), 17 mar. (PLUS).- En una sesión extraordinaria marcada por tensiones políticas y cuestionamientos internos, la Cámara de Diputados aprobó la reforma de la Caja Fiscal con las modificaciones introducidas por el Senado. El proyecto, que ahora pasa al Poder Ejecutivo, redefine aportes y condiciones de jubilación, en medio de críticas al manejo técnico del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La Cámara de Diputados dio luz verde a la reforma de la Caja Fiscal al aceptar la versión modificada por el Senado, en una decisión que evidencia un nuevo giro dentro del bloque oficialista. La aprobación se concretó por mayoría en una sesión extraordinaria cargada de discursos críticos, principalmente desde el sector cartista.

Durante el debate, varios legisladores oficialistas arremetieron contra el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, a quien acusaron de haber presentado información engañosa para forzar la aprobación inicial del proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo. Según manifestaron, los técnicos del MEF habrían descrito un escenario “catastrófico y apocalíptico” para justificar la urgencia de la reforma.

El eje del cuestionamiento radica en el argumento oficial de que no existía margen de maniobra para introducir cambios sin agravar el déficit de la Caja Fiscal, que al cierre del año pasado alcanzó los US$ 380 millones.

En cuanto al contenido de la reforma, uno de los puntos centrales es la implementación inmediata de un aporte estatal del 10%, a diferencia de la propuesta original de Diputados que planteaba un esquema escalonado de entre 1% y 5%. Actualmente, este aporte no está contemplado en el sistema vigente.

Asimismo, se aprobó el aumento del aporte de los trabajadores de sectores deficitarios, que pasará del 16% al 19%, reforzando así el financiamiento del sistema previsional.

En materia de jubilación ordinaria, la normativa establece que los trabajadores del Magisterio Nacional, docentes universitarios y magistrados judiciales deberán contar con al menos 25 años de aporte y 53 años de edad, accediendo a una tasa de sustitución inicial del 78%. Este porcentaje podrá incrementarse gradualmente hasta alcanzar el 90%, siempre que el trabajador continúe en actividad.

Respecto a la jubilación extraordinaria del Magisterio Nacional, se mantienen las condiciones vigentes para casos de enfermedad o incapacidad, permitiendo el acceso con un mínimo de 10 años de aporte y una tasa de sustitución del 40%.

Otro punto relevante es la inclusión de un periodo de transición para los trabajadores del Magisterio con más de 20 años de aporte, quienes podrán optar entre el régimen actual o las nuevas disposiciones una vez promulgada la ley.

En el caso de las fuerzas públicas, como policías y militares, se fijó la edad mínima de jubilación en 55 años, dos años menos que lo propuesto inicialmente por Diputados, y se flexibilizó la tasa de sustitución de haberes, que oscilará entre el 75% y el 90%, según la versión aprobada por el Senado.

Con esta decisión, el Congreso remite al Poder Ejecutivo una reforma clave para la sostenibilidad del sistema previsional, aunque marcada por tensiones políticas y cuestionamientos sobre su proceso de aprobación.