Proveedores del sistema sanitario advierten que el creciente déficit en la compra de medicamentos y la acumulación de deudas amenazan con romper la cadena de provisión en hospitales públicos.

Nuevas disposiciones administrativas impiden realizar pagos sin previsión presupuestaria previa, lo que podría derivar en licitaciones desiertas, empresas que se retiren del sistema y pacientes sin acceso a terapias esenciales.

Los gremios farmacéuticos firmantes manifestaron públicamente su preocupación ante las dificultades financieras que enfrenta el sistema sanitario paraguayo, una situación que, según advierten, comienza a poner en riesgo la continuidad de tratamientos médicos para miles de pacientes en el país. La advertencia surge en un contexto en el que asociaciones de pacientes, sociedades científicas y médicos de hospitales de referencia ya habían alertado en los últimos días, a través de los medios de comunicación, sobre los problemas que atraviesa el sistema de salud.

De acuerdo con el comunicado, en los últimos años Paraguay ha registrado una expansión importante de su red hospitalaria y ha incorporado tratamientos cada vez más complejos dentro del sistema público. Esto permitió que miles de pacientes accedan hoy a terapias que anteriormente no estaban disponibles. Sin embargo, los representantes del sector farmacéutico sostienen que ese crecimiento no fue acompañado por un financiamiento adecuado que garantice la sostenibilidad del sistema.

Actualmente, el sistema sanitario adquiere medicamentos que generan un déficit mensual, lo que ha provocado la acumulación de una deuda significativa con los proveedores de salud. Los gremios advierten que cuando el sistema compra insumos y medicamentos pero no cumple con los pagos correspondientes, la cadena de provisión comienza a deteriorarse progresivamente, poniendo en riesgo el abastecimiento.

A esta situación se suman recientes disposiciones administrativas que establecen que no se realizarán pagos de adquisiciones que no cuenten previamente con una previsión presupuestaria. Según el comunicado, esta medida termina bloqueando en la práctica el financiamiento de numerosos tratamientos urgentes que deben ser adquiridos para garantizar la continuidad de la atención médica.

El documento también señala que el Estado no ha definido mecanismos claros para cubrir obligaciones derivadas de licitaciones públicas no reguladas, y mucho menos aquellas que surgen de decisiones judiciales que ordenan proveer determinados medicamentos o tratamientos. Además, advierten que las nuevas disposiciones administrativas incluso han eliminado algunos de los mecanismos que anteriormente permitían encontrar soluciones para realizar estos pagos.

En este escenario, los gremios sostienen que las consecuencias son inevitables: licitaciones que quedan desiertas, empresas que dejan de presentarse a los procesos de compra pública y tratamientos que corren el riesgo de interrumpirse. Señalan que, sin condiciones mínimas de pago, el sistema de provisión de medicamentos se vuelve inviable.

Finalmente, los representantes del sector remarcan que garantizar el acceso a la salud no puede considerarse una opción presupuestaria, sino una obligación del Estado. Por ello, instan a las autoridades a encontrar una solución definitiva al financiamiento del sistema sanitario que permita asegurar la provisión de medicamentos y tratamientos adecuados para los pacientes que dependen del sistema público.