La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) estableció la obligación de declarar las operaciones realizadas con criptoactivos cuando superen los US$ 5.000 anuales.

La nueva normativa obligará a exchanges, plataformas y contribuyentes que operen con activos digitales a presentar información detallada de sus transacciones ante el fisco.

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) emitió la Resolución General N° 47, mediante la cual establece la obligación de reportar información sobre transacciones realizadas con criptoactivos en Paraguay. La medida busca fortalecer los mecanismos de control fiscal ante el crecimiento del uso de activos digitales en la economía.

La DNIT dispuso que las personas físicas, jurídicas y plataformas que operen con criptoactivos deberán presentar una declaración jurada informativa sobre sus transacciones cuando el monto anual supere los US$ 5.000, ya sea mediante intermediarios o de forma directa.

La normativa establece que esta obligación aplicará a operaciones realizadas en exchanges, plataformas digitales o billeteras, incluso cuando las transacciones se realicen sin intermediarios.

Según la resolución, se consideran criptoactivos todas las representaciones digitales de valor basadas en tecnologías como blockchain, incluyendo tokens, stablecoins, NFTs y otros activos digitales similares.

Los sujetos obligados deberán reportar datos como la fecha y hora de las operaciones, el tipo de transacción, la cantidad de criptoactivos negociados, el valor de la operación expresado en dólares, las comisiones pagadas y el identificador único de la transacción (hash). También deberán informar las direcciones de origen y destino de las billeteras utilizadas.

La declaración jurada informativa deberá presentarse anualmente a través del sistema Marangatu, dentro del tercer mes posterior al cierre del ejercicio fiscal correspondiente. La exigencia comenzará a aplicarse desde el ejercicio fiscal 2026 para contribuyentes con cierre al 31 de diciembre.

En caso de incumplimiento, la resolución establece una sanción equivalente a G. 1.000.000 por la presentación fuera de plazo de la declaración jurada informativa.

Con esta medida, la administración tributaria busca fortalecer la fiscalización de las operaciones con activos digitales, un mercado que ha ganado relevancia en los últimos años dentro del sistema financiero global.