El ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, admitió que el Gobierno tuvo que ceder en parte de su propuesta original para lograr un acuerdo político sobre la reforma de la Caja Fiscal, lo que reducirá el impacto fiscal previsto inicialmente.

La reforma, que inicialmente buscaba disminuir entre 60% y 70% del déficit del sistema jubilatorio público, ahora se aplicará en dos etapas y solo permitirá reducirlo entre 40% y 50%, según las estimaciones preliminares del Ejecutivo.

La reforma de la Caja Fiscal avanza en medio de tensiones políticas, negociaciones con gremios y dudas en el Congreso. El ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, reconoció que el proyecto original fue modificado tras las conversaciones con los sectores afectados, lo que obligará a implementar los cambios en dos etapas en lugar de una reforma integral inmediata.

El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, afirmó que la reforma de la Caja Fiscal que se discute actualmente es resultado de un acuerdo político que obligó al Ejecutivo a moderar su propuesta original, la cual buscaba una reducción más agresiva del déficit del sistema jubilatorio estatal.

Según explicó, desde el punto de vista técnico el equipo económico respaldaba la versión aprobada en la Cámara de Diputados, que planteaba ajustes más profundos para corregir el desequilibrio financiero del sistema. Sin embargo, reconoció que la presión política y las negociaciones con los gremios obligaron a modificar el alcance de la iniciativa.

“El acuerdo al que llegamos es uno en el que ninguna de las partes queda totalmente satisfecha”, señaló el ministro, al referirse al resultado de las conversaciones con docentes, policías y militares, sectores que se manifestaron en contra de algunos puntos del proyecto.

Valdovinos explicó que con la versión original de la reforma se estimaba reducir entre 60% y 70% del déficit de la Caja Fiscal. No obstante, con los cambios introducidos durante la negociación política, el impacto se reducirá a un rango de entre 40% y 50%.

Ante este escenario, el Ejecutivo optará por una estrategia gradual. La reforma que inicialmente se planteaba como un ajuste en un solo paso ahora se implementará en dos etapas.

El ministro indicó en entrevista con ABC que esto obligará a revisar nuevamente el sistema en un plazo menor al previsto inicialmente. Mientras que la propuesta original contemplaba una evaluación en un período de entre 10 y 12 años, ahora la revisión podría realizarse aproximadamente en seis años.

Como referencia, mencionó el caso de la reforma realizada en 2019 en la caja de jubilaciones de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), cuando Félix Sosa se desempeñaba como presidente de la institución. En aquel momento se introdujo una edad mínima de jubilación y se modificaron varios parámetros del sistema, cambios que ahora vuelven a ser evaluados.

Diputados piden cautela antes de avanzar con la reforma

En paralelo, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, señaló que el Congreso seguirá analizando la propuesta y escuchando a los gremios afectados antes de avanzar con la sanción definitiva de la reforma.

Latorre expresó dudas sobre algunos aspectos del proyecto y recordó que, en debates anteriores, técnicos habían advertido que ciertas modificaciones podrían debilitar la efectividad de la reforma.

El titular de Diputados también indicó que, por el momento, no está prevista una sesión para aprobar el proyecto de manera inmediata, aunque el Congreso continúa siguiendo de cerca el debate que se desarrolla en el Senado.

Mientras tanto, el Ejecutivo busca destrabar el proceso mediante negociaciones políticas lideradas por el vicepresidente Pedro Alliana, con el objetivo de alcanzar un consenso que permita avanzar con la reforma.

Si el acuerdo prospera en el Congreso, la reforma de la Caja Fiscal podría aprobarse en los próximos días. Sin embargo, incluso con su implementación, el propio ministro de Economía reconoció que el ajuste solo permitirá contener parcialmente el desequilibrio del sistema, sin resolver de manera definitiva el problema estructural de las jubilaciones públicas.