Asunción, 22 ene (EFE).- La Cámara de Diputados de Paraguay sancionó este miércoles, en medio del receso legislativo, una ley para promover las alianzas público y privadas que aumenta en hasta el 25 % la participación del capital del Estado en proyectos de iniciativa privada para infraestructura y servicios públicos.

Los diputados aprobaron la ley de «modernización del régimen de promoción de la inversión en infraestructura pública y ampliación y mejoramiento de los bienes y servicios a cargo del Estado», y la remitieron al Ejecutivo del presidente, Santiago Peña, proponente del proyecto, para su veto o promulgación.

La Comisión Permanente del Congreso de Paraguay, que ejerce las funciones legislativas durante el receso de fin de año de ese poder, convocó a la sesión extraordinaria para tratar esta normativa que derogó la Ley 5102 de 2023 denominada de ‘Alianza Público Privada’.

El Ministerio de Economía y Finanzas presentó el proyecto de ley el pasado 5 de noviembre.

El objetivo de la norma es, entre otros, «promover, a través de la participación público-privada, las inversiones en infraestructura pública y en la prestación de los servicios» e implementar los procesos de revisión y aprobación de proyectos y contratos de largo plazo.

Entre las novedades se destacan que «el porcentaje de participación del Estado en proyectos de iniciativa privada podrá ser de hasta el 25 %» del valor del costo total, cuando en la anterior ley era del 10 % del capital inicial de los proyectos.

Además, estableció que el monto acumulado de los pagos firmes y contingentes cuantificables netos de los activos o ingresos fiscales que se puedan generar en los contratos no podrá exceder el 4 % del PIB del año anterior, según el texto de la ley.

Asimismo, todo contrato de participación público privado deberá contemplar un plazo máximo, incluyendo sus prórrogas, que no podrá exceder los 40 años.

Durante el debate, el diputado opositor Raúl Benítez fue crítico con este aspecto al destacar que los próximos ocho gobiernos de Paraguay serán afectados por los contratos firmados que pueden tener cuatro décadas de vigencia. EFE