Los agentes fiscales Liliana Alcaraz, Osmar Legal, Marcelo Pecci, Luis Piñánez y Juan Manuel Ledesma, llegaron hasta la Contraloría para acceder al informe dado a conocer por el contralor Camilo Benítez que consistía en una auditoria hecha a la Entidad Itaipú Binacional y que mediante ese trabajo se encontró una deuda ilegal que tiene Paraguay en Itaipú por más de 4.000 millones de dólares por la aplicación de tarifa más baja de lo establecido en el acuerdo.
Esa auditoria será analizada en el Ministerio Público, para verificar si efectivamente existe algún delito a ser investigado y llegar al o a los responsables del mismo.
El informe de la Contraloría decía que las medidas adoptadas por los miembros del Consejo de Administración y del Comité Ejecutivo de Itaipú, al determinar la aplicación de tarifas por debajo del costo del servicio de electricidad, durante los años 1985 a 1997, a excepción del año 1991, en clara transgresión del artículo IV.1 y del ítem III del Anexo C del Tratado, incidieron sustancialmente a nivel económico y financiero en Itaipú, ocasionando el aumento indebido e ilegal del saldo de su deuda que, a diciembre de 2020 asciende a US$ 3.856.790.000, saldo del cual US$ 3.629.057.000 corresponde a la deuda con Eletrobras (incluida la cesión al tesoro nacional brasileño), equivalente al 94% de la deuda total de Itaipú.
Según la Contraloría, en los años citados anteriormente, Itaipú aplicó tarifas inferiores al costo del servicio de electricidad, a pedido de los representantes brasileños, alegando dificultades económicas y con la complacencia de los representantes paraguayos, dejando de percibir así el importe de US$ 1.757.128.833,22, y generando una deuda ilegal de US$ 4.193.500.000 en contra de sus propios intereses y a favor de Eletrobras.
Finalmente concluye que las irregularidades detectadas demuestran claramente que todas ellas fueron en beneficio de Eletrobras y el Estado brasileño, y en perjuicio de la ANDE y el Estado paraguayo, a pesar de ser la entidad binacional Itaipú es propiedad del Estado paraguayo y del Estado brasileño en partes iguales, con los mismos derechos y las mismas obligaciones.