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En la última semana se debatió bastante sobre el Sistema de Trazabilidad que la Unión Europea (UE) plantea al Mercosur para poder documentar que el producto proviene de áreas libres de deforestación. Estas normativas están contenidas en el Reglamento 1.115, emitido en junio por la UE, y estipulan un plazo de dos años para adecuarse.

Al respecto, los gremios generaron posturas ambiguas y se manifestaron sobre las declaraciones que realizó el canciller nacional Rubén Ramírez, explicando la necesidad de que “Paraguay debe prepararse para cumplir con las exigencias de la Unión Europea”, pero protegiendo sus intereses. Gremios como la Unión de Gremios de la Producción (UGP), enfatizaron la necesidad de analizar a profundidad la propuesta para no menoscabar la soberanía nacional, mientras otros gremios como la Asociación Rural del Paraguay (ARP) entienden la necesidad de adecuarse.

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Son los que se verían sometidos a restricciones por parte de la nueva reglamentación.