La empresa Probienestar SA, del empresario Paul Hellmers, sigue con los trabajos de dragado pese a la suspensión dispuesta por el Ministerio del Ambiente de manera preventiva ante posible daño ambiental. La comunidad Maká denuncia que esta firma está invadiendo sus tierras para construir un barrio cerrado sin tener su consentimiento, tal como establece el decreto 1039/18.

Víctor González, asesor jurídico del MADES, dio a conocer detalles sobre la intervención del Ministerio del Ambiente en torno al reclamo que hace la comunidad Maká la zona de Chaco’i por las obras de refulado que está ejecutando la empresa Probienestar S.A. en el riacho Payaguá en Villa Hayes.

Señaló en ese sentido que el MADES recibió denuncias anónimas sobre posible daño ambiental con las obras de dragado y que, por orden e instrucción del ministro Rolando de Barros, una comitiva se constituyó en el lugar e hizo una intervención para verificar los trabajos que se estaban realizando. En el marco de esa fiscalización se instruyó un sumario y se procedió de manera preventiva aplicar la suspensión de la declaración de impacto ambiental, la cual servía de sustento a esa actividad, según explicó al canal GEN.

González confirmó que la actividad propuesta dentro de la declaración de impacto ambiental es para la construcción de un barrio cerrado en inmediaciones del puente Chaco’i. Los empresarios accedieron a una licencia por parte del MADES para realizar estos trabajos y en esa misma resolución se mencionaba que el terreno pertenece a la comunidad Fray Bartolomé, de la comunidad Maká.

Sostuvo que al momento de la intervención desconocían el reclamo de la comunidad indígena, la cual asegura que el emprendimiento privado estaría usurpando parte de sus tierras concedidas por el Estado paraguayo, ya que inicialmente el sumario se realiza por la actividad específica del dragado.

“En este momento nos estamos abocando a lo que es la actividad que pueda tener un tipo de impacto ambiental. No obstante, nosotros hemos comunicado a todas las instituciones que después deberían tomar intervención, como el INDI, y también el Ministerio Público, el Ministerio de Obras Públicas y otros más”, sostuvo.

Consultado sobre si se le ordenó a la empresa parar con las actividades de dragado, el funcionario respondió que como medida cautelar, ante la presunción de posible daño ambiental, se dispuso dentro del sumario la suspensión de la validez de la declaración de impacto ambiental, lo que implica la suspensión de las actividades.

“Esto se da de forma preventiva por instrucciones del ministro, siendo que estas son actividades de un impacto considerable, considerando toda la coyuntura (del emprendimiento),  también de los pobladores de la zona, nos pareció prudente de disponer antes de la conclusión del sumario la suspensión de esta declaración”, ahondó González.

Video grabado por los Maká.

¿Qué te pasa si se confirma la información extraoficial sobre que esta empresa hizo caso omiso a la resolución del MADES y sigue procediendo a los trabajos? Ante esto, el entrevistado respondió que dicha situación constituiría un agravante sumamente importante que se tendrá en cuenta para las resultas del sumario y además que se podría comunicar a otras instituciones para que tomen cartas en el asunto.

En otro momento dijo que está a disposición de la investigación del fiscal de la Unidad Penal Especializada contra Delitos Ambientales, Fernando Ariel González, para colaborar y entregar cualquier información que se requiera para el caso.

Hay que recordar que el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) había informado al agente fiscal que Hellmers no solicitó una audiencia pública sobre el proyecto de dragado de arena en cauces hídricos que se encuentra en el interior de la comunidad indígena Fray Bartolomé.

“En este momento mi instrucción es darle un cierre a este tema de la manera más objetiva y pronta posible para poder así pasar a otras instancias como por ejemplo esta reincidencia. Para nosotros es muy importante darle un término a este sumario y tomar una decisión aparte de la sanción pecuniaria de que otras se puedan implementar para resguardar los intereses del medio ambiente que podrían estar siendo afectados en ese lugar”, puntualizó el funcionario del MADES.

FISCALÍA INVESTIGA DELITO

Por su parte, el fiscal Fernando González aclaró al canal GEN que su unidad investiga el presunto daño ambiental con la extracción de arena del río Paraguay y del riacho Payaguá. El mismo se constituyó al lugar y verificó que los trabajos estaban paralizados, por lo que aseguró que no le consta que la empresa seguiría con el dragado, pese a la existencia de videos grabados en el sitio.

Sostuvo que si bien tiene conocimiento de la supuesta invasión de las tierras de los Maká, aclaró que esta situación no le compete y aseguró que la titularidad debe dirimirse en la instancia civil.

“Estos trabajos se pueden hacer pero deben tener la autorización del MADES. Si corroboramos que siguen actuando, vamos a proceder a imputar. Se expone a pena privativa de libertad de cinco años o una multa que va hasta 2.000 jornales”, acotó.

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