En el marco de la denuncia del Grupo Nación contra la Entidad Binacional Yacyretá, la jueza Alice González sustanció las evidencias durante cuatro horas y en esta diligencia judicial comprobó que la EBY no proporcionó todos los datos que la justicia ordenó vía amparo judicial.
Rossana Escobar, jefa de Investigación del Grupo Nación, indicó al canal Gen que el propio jefe de informática de la binacional tuvo que reconocer que los datos no fueron entregados a cabalidad, en el formato requerido, como así tampoco en tiempo y forma. “Hace un año se viene denunciando con sobradas evidencias que los datos están ocultos. Lo victorioso es que luego de una larga puja, llegamos a esta instancia con la EBY y no hubo forma de sostener que las informaciones fueron proveídas. Los colaboradores quisieron maquillar los datos para hacerlos pasar gatos por liebres”, indicó.
A su parecer la jueza no debe esperar más y enviar los antecedentes a la Fiscalía para que proceda a investigar el desacato judicial cometido por el director de la EBY, Nicanor Duarte Frutos, quien se niega a transparentar su gestión.
Vale recordar que el Grupo Nación decidió presentar una denuncia por desacato contra la entidad dirigida por Nicanor Duarte Frutos, luego de que este incumpliera la resolución judicial de la jueza Alice González, quien emplazó a la institución a proporcionar la información que solicitaba el medio de comunicación.
Luego de ocho meses del pedido hecho vía acceso a la información pública, la EBY no ha facilitado la copia de todos sus contratos y convenios. Tampoco proveyó la fecha de la firma de esos contratos, el objeto, los montos involucrados, la o las personas físicas que firmaron los acuses de recibo del dinero y/o de los bienes, con sus datos personales completos, plazos de ejecución, mecanismos de control y rendición de cuentas de lo pagado o entregado.
La Nación, medio que impulsa la acción judicial, corroboró que existe información de muchas instituciones gubernamentales y no gubernamentales que rindieron cuentas a la EBY de lo recibido por transferencias económicas durante los años 2019 y 2020, lo cual implica, definitivamente, que esas rendiciones de cuentas se encuentran en poder de Yacyretá. De hecho, fueron los mismos beneficiarios de estas transferencias quienes aclararon que entregaron la documentación al ente.
Teniendo en cuenta esto último y debido a que la EBY no presentó la información faltante, dentro del plazo previsto, el periodista demandó a la entidad por el delito de desacato. En este sentido, hay que señalar que el delito conlleva una pena privativa de libertad de hasta cinco años, dado que el juzgado intimó a la EBY bajo apercibimiento concreto, lo que significa que si no cumple con lo exigido en la comunicación, se da paso a una sanción.
También es importante resaltar que la EBY aún no ha remitido la totalidad de los datos sobre transferencias económicas realizadas. Haciendo un cruce de datos entre lo publicado en el portal web y lo remitido al correo, se observa que existen varios gastos hechos por la entidad que no se hallan dentro de los diferentes listados enviados al mail.
En realidad, Yacyretá solo ha compartido parte de la información, ya que, de acuerdo a una investigación anterior de este medio, son más de US$ 70 millones los que ya se repartieron en ayuda social, según lo publicado en la web de la binacional, y solo se ha subido información por valor de G. 7.178 millones (US$ 1,1 millones).