La aprobación es un acompañamiento a la versión de la Cámara de Senadores. Ahora el documento fue remitido al Poder Ejecutivo.

Con la ley se pretende cancelar licencias de explotación a empresas de transporte público que regulan sus servicios e incumplan con el itinerario.

Dentro de las sanciones se observan cancelación de subsidios y no podrán participar de ninguna licitación por espacio de diez años.

También se establece que los buses que no cuenten con elevadores o rampas de acceso para personas con discapacidad no estén habilitados a percibir subsidio alguno. Al menos el 50% de la flota debe tener esta modalidad de buses.

Las sanciones establecidas en este proyecto se darán al cabo de 24 horas de que las empresas no respondan efectivamente a la notificación de sus infracciones, sobre todo lo referente a las reguladas.