Asunción, Agencia IP.- «Lamentamos profundamente la decisión del Gobierno de Venezuela de avanzar en la ratificación de resultados electorales que no reflejan la voluntad del pueblo venezolano. Es inaceptable pretender validar ganadores sin que exista una revisión exhaustiva e independiente de los votos», dijo el presidente paraguayo, Santiago Peña.
Ayer jueves, una sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) convalidó los cuestionados resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE) que dio como ganador de las elecciones del 28 de julio al presidente Nicolás Maduro.
“Con base en los resultados obtenidos en el proceso de peritaje podemos concluir que los boletines emitidos por el Consejo Nacional Electoral respecto a la elección presidencial 2024 están respaldados por las actas de escrutinio emitidas por cada una de las máquinas de votación desplegadas en el proceso electoral”, dice la sentencia inapelable, sobre la base de un informe elaborado por peritos cuya identidad se desconoce.
La Sala Electoral del TSJ, organismo considerado un apéndice del Poder Ejecutivo, admitió un recurso interpuesto por el presidente Nicolás Maduro para “investigar, verificar y certificar” los resultados electorales, proceso en el que no participaron testigos ni expertos de la oposición. El mandatario dijo que el fallo sería “santa palabra” y que debe ser acatado.
La oposición, que publicó copias de las actas que conservaron sus testigos, asegura que el triunfo corresponde al candidato Edmundo González Urrutia con más del 67 % de los votos. Según Maduro el 83 % de esas actas son falsas, pero su partido no publicó sus copias.
El TSJ dijo que González Urrutia desacató su mandato lo que, aseguró, acarreará sanciones por “irrespeto a la autoridad judicial”.
González Urrutia afirmó que ninguna sentencia sustituirá la soberanía popular. “El país y el mundo conocen su parcialidad y, por ende, su incapacidad de resolver el conflicto; su decisión solo agravará la crisis”, escribió en X.
Nueve de diez candidatos y representantes de los 38 partidos que postularon a los aspirantes atendieron a una citación del TSJ. González Urrutia descartó acudir argumentando que se están desconociendo las atribuciones del Poder Electoral y denunciando que se encuentra en una situación de “indefensión y violación al debido proceso”.
Distintas organizaciones, entre ellas el Centro Carter, que envió una misión técnica para las elecciones presidenciales que ha sido cuestionada por el gobierno, han descartado que el organismo pudiera ejecutar una verificación independiente.
El Consejo de DDHH de la ONU recordó también que la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela ha alertado sobre la “falta de independencia e imparcialidad” del TSJ y el CNE. Éste último no ejecutó al menos tres autorías clave para determinar que el material presentado por las autoridades electorales se corresponda con el del 28 de julio.
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