Ejecutivo adelanta veto a proyecto de compensación para exobreros de contratistas de Itaipu

Asunción, Agencia IP.- El jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, Hernán Huttemann, adelantó que el Poder Ejecutivo vetará el proyecto de ley que establece un pago compensatorio para exobreros de empresas contratistas de la Itaipu Binacional.

Una vez que el proyecto ingrese a la Presidencia, será vetado por el presidente Mario Abdo Benítez, informó Huttemann este viernes al ser consultado sobre el tema.

El proyecto fue sancionado por la Cámara de Diputados el pasado miércoles 24 y establece la obligatoriedad de pagos en concepto de compensación para 15.000 obreros de empresas que realizaron servicios para la Itaipu Binacional.

Huttemann refirió que, de acuerdo al Tratado de Itaipu, no se puede imponer el uso de los recursos de la entidad mediante leyes ordinarias por ninguno de los países que administran la hidroeléctrica.

En caso de que el veto del Ejecutivo no sea aceptado y el Congreso se ratifique en su sanción, indicó que el Consejo de Administración de Itaipu, lado paraguayo, presentará una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema.

El jefe de gabinete añadió que existen antecedentes de acciones similares que realizó la entidad binacional ante leyes con objetivos similares, de disponer del patrimonio de Itaipu por fuera de los mecanismos establecidos en su tratado.

Proyecto inviable

Previa a la sanción del Congreso, autoridades de Itaipu expresaron su preocupación por el estudio del proyecto al que consideran «inviable».

Los obreros que reclaman el pago no tuvieron relación laboral directa con Itaipu, sino a través de empresas contratadas para realizar trabajos para la binacional, argumentó el director Manuel María Cáceres en un encuentro con diputados, antes del tratamiento del proyecto.

A esto se suman las notas reversales del año 2000, aprobadas por Paraguay y Brasil, que deslindan a la binacional de compensaciones económicas para trabajadores de empresas contratistas y subcontratistas.

El monto de indemnización se estima en unos US$ 940 millones, que representaría un desequilibrio financiero importante para la binacional. Este monto representa dos años de aportes al Estado paraguayo en concepto de royalties y cesión de energía.

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