Asunción, 1 oct (EFE).- La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó este martes, con votos de la mayoría del gobernante Partido Colorado, un proyecto de ley que prevé el control de las actividades y del financiamiento de las ONG nacionales y extranjeras en el país, el cual incluyó una serie de modificaciones remitidas por el Ejecutivo que preside Santiago Peña.

La iniciativa de Ley «Que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro» había sido avalada en julio pasado por el Senado, adonde fue devuelto nuevamente para su trámite.

El proyecto ha sido duramente cuestionado por ONG locales y ha sido motivo de pronunciamientos de organismos internacionales, como la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que alertó desde Ginebra sobre las posibles «restricciones sustanciales» a la financiación de las ONG.

La versión discutida en esta jornada en la Cámara Baja obtuvo 47 votos a favor,13 en contra y 2 en blanco. Se contabilizaron, igualmente, 18 ausencias.

Entre las modificaciones incluidas destaca el alcance de la norma. Según el texto, quedan excluidos del control «los organismos internacionales, las agencias especializadas internacionales, las entidades u organizaciones de carácter multilateral, los partidos y movimientos políticos, las iglesias y confesiones religiosas».

Tampoco regirá para «las organizaciones de carácter estrictamente deportivo no profesional, los sindicatos y asociaciones de trabajadores, las organizaciones campesinas y estudiantiles, las comisiones vecinales y juntas de saneamiento ambiental».

La ley alcanza a las ONG que «reciban o administren fondos públicos o privados nacionales, fondos privados internacionales y/o fondos públicos provenientes directamente de otros Estados», de acuerdo con el texto aprobado.

El presidente de la Cámara de Diputados, el oficialista Raúl Latorre, dijo a periodistas que la norma propuesta busca la «transparencia» en un contexto donde -consideró- existen «serios indicios de lavado de dinero por parte de determinadas ONG» y «financiamiento político extranjero».

El proyecto crea un registro de ONG, que obliga a llevar balances y actas de asamblea, así como una base de datos en la que conste «la totalidad de los fondos o bienes que reciban o administren» y cuyas pruebas podrán ser solicitadas por la autoridad.

Además, en el capítulo de rendición de cuentas, se establece la presentación de un informe anual que detalle el «cumplimiento de sus propósitos, así como el balance contable y patrimonial».

También se precisa información sobre fines, programas, beneficiarios y los profesionales o personas que hayan prestado servicios a la organización.

El diputado opositor Raúl Benítez describió la iniciativa de ley como «sumamente peligrosa», al advertir que el Ministerio de Economía y Finanzas, institución encargada de su aplicación, «puede abrir un sumario» al no estar satisfecho con los datos divulgados.

«Se está poniendo en riesgo una pata demasiado importante de la democracia, que es la organización civil», declaró Benítez a la Radio Ñandutí, y advirtió de que se trata de un tipo de norma propia de países con «sistemas totalitarios». EFE