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Asunción, Agencia IP.- Algunos de los puntos clave del decreto reglamentario de la Ley “Hambre Cero en nuestras escuelas”, firmado ayer por el presidente Santiago Peña, establece que la alimentación escolar deberá cubrir todos los días del año lectivo, desde el primer al último día de clases, y que el programa deberá priorizar la adquisición de productos provenientes de la Agricultura Familiar.

El primer decreto reglamentario publicado sobre este programa emblemático del Gobierno señala que “Hambre Cero” proveerá alimentación escolar integral, la cual podrá estar constituida de una ración y/o la combinación de desayuno, almuerzo, merienda, colación y/o cena.

Serán destinatarios del programa los estudiantes matriculados en los niveles de educación inicial, educación escolar básica y educación media, en instituciones educativas del sector público o privado subvencionado conforme a los criterios de distribución establecidos en el decreto.

Uno de los artículos precisa que los esquemas de alimentación escolar deberán ser diseñados en concordancia con los criterios del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), por profesionales calificados en el área de alimentación y nutrición, y deberán respetar parámetros bien específicos.

Así también se señala que las modalidades del servicio de la alimentación escolar podrán ser alimentos preparados en las escuelas, alimentos ofrecidos por el servicio de plato servido (“catering”) u otra modalidad permitida por el Ministerio de Desarrollo Social por resolución fundada.

Uno de los puntos resaltantes de la reglamentación también tiene que ver con la disposición de deberá priorizar la adquisición de productos provenientes de la Agricultura Familiar, con el objetivo potenciar el desarrollo local a través de la vinculación de las Mipymes en la cadena de valor generada por la Alimentación Escolar.

Con ello también se apunta a institucionalizar los procesos de producción y formalización de la economía local, por medio de una asistencia técnica y capacitación financiera e impositiva. Todos los productos adquiridos, ya sean frescos o procesados, deberán ser prioritariamente de origen nacional, indica el decreto.

“En casos excepcionales, como escasez de oferta local, situaciones estacionales o de calidad, se podrán dar autorizaciones para la sustitución de los productos de origen nacional por productos importados”, añade.

En el decreto reglamentario está contemplado un documento de bases y condiciones bajo las cuales se desarrollará una licitación, incluyendo los requisitos que deben cumplir los oferentes que concurran a ella y define las condiciones del contrato para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar Hambre Cero en las Escuelas.

El ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, indicó que la intención del Poder Ejecutivo es iniciar las primeras licitaciones del programa en mayo y comenzar la provisión de la alimentación en 77 distritos priorizados del país desde el mes de agosto de este año.

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Asunción, Agencia IP.- Más de 15 toneladas de marihuana fueron eliminadas con la destrucción de cinco campamentos ubicados en un establecimiento rural en Bella Vista Norte, departamento de Amambay, mediante un operativo realizado por agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

Además de la destrucción de los cinco campamentos detectados en el establecimiento rural, durante el allanamiento, se realizó la anulación de una superficie plantada, y la eliminación de 1500 kilos de la droga puesta al secado y otros 1.940 kilos listos para el empaquetado. En total fueron sacadas de circulación más de 15.000 kilos de marihuana.

La intervención del equipo de la Senad realizó bajo la supervisión del fiscal Celso Morales.

Las Oficinas Regionales se encuentran trabajando coordinadamente en la localización y posterior desmantelamiento de los centros de procesamiento de cargas ilícitas. Oficinas como Bella Vista Norte y Pedro Juan Caballero planean dar fuerza a nuevas incursiones que se irán acompañando con investigaciones paralelas.

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Asunción, Agencia IP.- La Embajada de los Estados Unidos en Paraguay aplaude la apuesta del Gobierno Nacional por mejorar la seguridad ciudadana. A través de su cuenta X expresa “Celebramos esta inversión de Paraguay en los esfuerzos por mejorar la seguridad ciudadana y esperamos continuar nuestra asociación en la lucha contra el crimen organizado, en defensa de intereses compartidos”.

El presidente Santiago Peña enfatizó ayer durante el acto de egreso de 600 nuevos linces, que trabajará, incansablemente, por la seguridad para los paraguayos y paraguayas, ya que esta es la base del desarrollo de una nación.

«Estamos trabajando como nunca antes en la seguridad de los paraguayos, pero aún no es suficiente. No vamos a descansar hasta lograr un país más seguro», expresó tras la ceremonia a través de su cuenta X.

Refirió que Paraguay debe tener calles y barrios más seguros, por lo que el Gobierno triplica la cantidad de Linces y forma a 4.000 nuevos policías con la misión de proteger a cada una de las familias paraguayas.

El Jefe de Estado resaltó que la seguridad debe ser complementada con la generación de empleo, despliegue de una red de protección social que permita a los paraguayos tener una oportunidad, y que la educación sea el arma del progreso de todos.

Refirió que, si primero no hay seguridad en un país, nunca habrá desarrollo y bienestar. El mandatario reconoció los avances en los últimos meses, pero pidió ayer al comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, y al ministro del Interior, Enrique Riera triplicar los esfuerzos por la seguridad de la ciudadanía.

Igualmente, abogó por más compromiso a los nuevos agentes egresados. “Necesitamos el compromiso de todos y de cada uno de quienes fueron entrenados y fueron equipados y formados para que estén en cada esquina de las calles de los 17 departamentos del país”, expresó al respecto enfatizando que el “compromiso, dedicación y amor a la patria” es la clave.

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Asunción, Agencia IP.- Este jueves 25 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Malaria, una enfermedad contra la que Paraguay cuenta con la certificación de cero casos autóctonos, reconocimiento otorgado por la Organización Mundial de la Salud en el año 2018.

En esta fecha, la Organización Mundial de la Salud, la Alianza Roll Back Malaria y otros socios hacen énfasis en los derechos humanos para abordar medidas concretas en la respuesta a la enfermedad a nivel mundial, superando las barreras en la equidad sanitaria.

La estrategia mundial de lucha contra la malaria DTI–R (Diagnóstico – Tratamiento – Investigación – Respuesta) es un enfoque integral aplicado para la prevención de reintroducción de la malaria en el país y se centra en varios aspectos clave para combatir la malaria de manera efectiva como la detección temprana, diagnóstico y tratamiento rápido, Investigación de casos y focos, manejo integrado de vectores y un sistema de información efectivo.

Paraguay es uno de los países ejemplares en la Región de las Américas con la certificación de cero casos autóctonos. La OMS otorga el galardón cuando una nación puede demostrar que ha interrumpido a nivel nacional la cadena de transmisión local durante, al menos, los últimos tres años.

Actualmente, Paraguay continúa demostrando que dispone de capacidad para impedir que la Malaria vuelva a establecerse, al tener operativo un sistema de vigilancia permanente, a fin de detectar casos de manera temprana para evitar que la enfermedad vuelva a establecerse.

Así también, el Programa Nacional de Malaria, dependiente del Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (Senepa), prosigue con las acciones en donde la experiencia de décadas de trabajo acompaña, promueve y articula las actividades integradas con todos los sectores de la sociedad.

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Asunción, Agencia IP.- El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), lleva distribuidos 1.200.000 kilos de alimentos para familias afectadas por situaciones de emergencia derivadas de fenómenos climáticos.

«Desde el 15 de agosto hasta la fecha el Gobierno del Paraguay ya distribuyó 1.200 toneladas de víveres, es decir, 1.200.000 kilos de alimentos, a través de la Secretaría de Emergencia Nacional», reportó este jueves el ministro de la SEN, Arsenio Zárate, en comunicación con los medios del Estado.

Precisó que actualmente la asitencia se desarrolla en los departamentos de Ñeembucú, Misiones y Guairá, principalmente, afectados por inundaciones a causa de las constantes y copiosas lluvias de las últimas semanas. Indicó que este jueves se estará completando la asistencia al departamento de Misiones y específicamente a unas 170 familias del distrito de Villa Florida.

Igualmente señaló que en la jornada de ayer se brindó asistencia alimentaria y provisión de insumos como colchones a familias del departamento Central que sufrieron inundaciones en sus viviendas. Las poblaciones afecatadas correponden a los distritos de Mariano Roque Alonso, Limpio y Luque, precisó el ministro.

En el caso de Limpio, la SEN colaboró con el desagote de las viviendas que quedaron inundadas, empleando camiones cisternas en los que se procedió al retiro del agua acumulada para su posterior vertido en cauces hídricos, refirió el ministro.

Zárate resaltó que en todas estas acciones de ayuda humanitaria y de emergencia existe siempre una coordinación con las distintas instituciones, y en el caso específico de la provisión de alimentos mencionó el apoyo constante de la Itaipu Binacional.

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El clan Ferreira, conocido por sus operaciones delictivas, finalmente se enfrenta a la justicia tras una exhaustiva investigación que revela su modus operandi. El caso es uno de los hechos de corrupción más grandes que se registraron durante la pandemia del Covid-19. 

La mafia de los medicamentos importados a Paraguay quedó al descubierto mediante una investigación de la Caja Negra durante la pandemia. Se pudo descubrir un esquema montado por un grupo de empresas del clan Ferreira para introducir toneladas de medicamentos que terminaban siendo aplicados en IPS y en los hospitales públicos. Entre los hallazgos destacados se encuentran la introducción ilegal de fármacos desde China e India -países no incluidos en la categoría de alta ni adecuada vigilancia sanitaria- a Paraguay, utilizando documentos falsificados.

Según la investigación de la Fiscalía, la empresa Insumos Médicos SA – a través de su presidenta Patricia Ferreira y directora Nidia Godoy- incurrió en varios tipos penales a efectos de introducir al país los medicamentos, violando disposiciones aduaneras y sanitarias, en aparente complicidad con el despachante aduanero Néstor Ramírez, quien también está imputado.

Los implicados están procesados por producción y uso de documentos no auténticos, asociación criminal y comercialización de medicamentos no autorizados, por la falsificación de facturas de la firma Eurofarma que posibilitó el ingreso de los fármacos oncológicos de dudosa procedencia a nuestro país.

En ese sentido, La Caja Negra había expuesto un documento donde aparecían los detalles de una transacción comercial entre una empresa farmacéutica ubicada en la India (Bombay) denominada Genex Pharma, y la empresa paraguaya “Insumos Médicos” S.A. Además de un registro de carga de 454.400 kilogramos de medicamentos que fueron enviados a Paraguay vía aérea. Esto permitió revelar que el clan Ferreira estaba utilizando facturas falsificadas de la multinacional brasileña Eurofarma; con esto lograba falsear el verdadero origen de los fármacos y obtener los permisos para importar y comercializar medicamentos sin ningún tipo de control.

La falta de trazabilidad de los productos importados y la flexibilidad en los controles durante las operaciones de importación añadían gravedad al problema. La consecuencia directa de estas actividades ilícitas era la ausencia de garantías sobre la efectividad y calidad de los fármacos que llegaban a los hospitales públicos, representando así un peligro latente para la salud pública.

Estos descubrimientos desencadenaron una serie de acciones legales y administrativas contundentes. Se presentó una denuncia penal contra los responsables de las empresas involucradas en la falsificación de documentos y la evasión de controles sanitarios, seguida de su imputación. Además, se ordenó la cuarentena y el retiro del mercado de todos los lotes de medicamentos implicados.

La empresa señalada como responsable de estas prácticas fraudulentas perdió su registro sanitario para la importación de medicamentos, y además se produjeron cambios en las instituciones del Estado, con la renuncia de la titular de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria Lourdes Rivaldi de Cattebeke, y la remoción del cargo del director General de Administración y Finanzas del Ministerio de Salud, Alcides Velázquez.

ESTADO ACTUAL DEL CASO

A principios de este mes, inició el juicio contra los acusados por la Fiscalía. Durante el proceso, la defensa presentó incidentes, pero el Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Laura Ocampo, Cándida Fleitas y Fabián Weinsensee rechazó el planteamiento de nulidad de la acusación y exclusión probatoria.

En sus alegatos iniciales, la fiscala Luz Guerrero ratificó en el juicio la vulneración de los controles en el ingreso de estos medicamentos y el incurrimiento de varios tipos penales de parte de la empresa Imedic.

Se prevé que mañana miércoles 17 de abril se dé continuidad al juicio con la declaración de dos testigos propuestos por el Ministerio Público.

CONDENA AL LÍDER DEL CLAN

Por otro lado, en diciembre del año pasado, el Tribunal de Sentencia integrado por Elsa García, Yolanda Morel y Juan Pablo Mendoza, condenó a 3 años de cárcel a Justo Ferreira Servín, encontrado culpable por contrabando de insumos médicos (camas hospitalarias de alto valor) durante el inicio de la pandemia en el año 2020, mientras que los demás acusados fueron absueltos de culpa y pena.

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Los ciudadanos reportaron la excesiva espera para conseguir la cédula o el pasaporte en el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional, a pesar del sistema renovado implementado para expedir los documentos con chips de manera más rápida.

Se hizo costumbre el extenso tiempo de espera para tramitar los documentos en Identificaciones. De vuelta, los usuarios informan que existe una importante tardanza en la emisión, de 28 a 30 días de espera en el caso de las cédulas y tiempo similar para los pasaportes. Cuando en teoría, según se prometió en su momento, el servicio iba a ser más seguro, rápido y cómodo con la implementación de un renovado sistema.

Actualmente, en Identificaciones se expiden documentos con chips mediante un sistema que demandó una inversión de 28 millones de dólares. Este servicio de documentos digitales debía acortar en 20 minutos la demora en la elaboración de las cédulas. Sin embargo, nada de lo prometido se tradujo a la realidad y se tarda lo mismo que antes, pese al millonario desembolso del Gobierno.

En el pasado, desde Identificaciones se defendían de los cuestionamientos ciudadanos echando la culpa al obsoleto sistema que tenía la dependencia policial, ya que este databa del año 2009. Si bien en el 2017 se adjudicó uno renovado, recién muchos años después entró en vigencia tras sufrir llamativas trabas.

El Consorcio Documentos Electrónicos del Paraguay (CDE), integrado por la empresa internacional Gemalto y la paraguaya Solnet, obtuvo el contrato para el mejoramiento del sistema nacional de emisión de cédulas de identidad y pasaportes. Los sucesivos ministros del Interior, entre ellos Arnaldo Giuzzio, dilataron a más no poder la implementación de este servicio.

La siempre desmedida burocracia hizo que los trabajos a cada rato sean interrumpidos. Tras varios años de espera, la puesta en vigencia del sistema finalmente se realizó en julio del 2023, desde cuando el Departamento de Identificaciones de la Policía empezó a emitir tanto la cédula de identidad como el pasaporte con un chip que contiene la información biométrica del portador del documento, lo cual permite corroborar si efectivamente corresponde a la persona que lo está portando.

Si bien se dio un importante y necesario avance en la modernización de las cédulas y pasaportes, la ciudadanía sigue quejándose de la lentitud para acceder a estos documentos, por lo que urge solucionar el problema y garantizar un mejor servicio a los usuarios. Mientras tanto, las personas deben soportar el dolor de cabeza que conlleva el suplicio de realizar sus trámites en Identificaciones.

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Tras el descubrimiento de la actividad irregular del criptoshopping de la familia Zuccolillo y la evasión estimada de 300.000 dólares por el consumo energético, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) reclamó el pago del monto no facturado para este emprendimiento irregular realizado bajo la fachada de actividad corporativa.

La empresa Esur SA, propiedad de la familia Zuccolillo, ocasionó una pérdida estimativa de 300.000 dólares a la ANDE, utilizando como pantalla la infraestructura del shopping Mariscal, cuando en realidad se dedicaba a la criptominería en el sitio, sin abonar la tarifa fijada para este rubro.

Tras tomar estado público el caso, la asesoría jurídica de la ANDE analizó y dictaminó que corresponde el pago de la importante cifra que evadió la empresa liderada por Micky Saldívar, esposo de Natalia Zuccolillo, quien es la directora del diario ABC Color, medio de prensa que viene posicionándose a favor de la criptominería.

Documentos exclusivos a los que accedió La Caja Negra exponen que la firma Esur SA utilizó el NIS del centro comercial para realizar criptominería, según detectó la propia ANDE. Esta institución remitió una notificación en septiembre del 2023 a la empresa Penta SA, (encargada del Shopping Mariscal), ante la detección de “fuertes indicios de que en el sitio se estaban desa­rrollando actividades aso­ciadas a la minería de criptoactivos”. En ese entonces llamó la atención el elevado y constante consumo, inclusive en horas de la madrugada, lo cual no tenía lógica alguna al ser solo, aparentemente, un centro comercial.

PEDIDOS DE INFORMES

Así también el hecho tuvo sus repercusiones en el Parlamento, donde la semana pasada el pleno de la Cámara de Senadores aprobó pedidos de informes dirigidos a la ANDE y la Dirección de Ingresos Tributarios con relación a las criptominerías legalmente establecidas en el país.

En ese sentido, los congresistas solicitaron que la ANDE informe sobre las condiciones de consumo de electricidad de estas instalaciones, y que Ingresos Tributarios reporte sobre los impuestos que efectivamente pagaron estas empresas en los últimos años, a fin de verificar el nivel de aportes al fisco.

PROHIBIR LA CRIPTOMONERÍA

Por otro lado, varias comisiones del Senado realizaron este martes una audiencia pública donde analizaron el alcance del proyecto de Ley “Que prohíbe temporalmente la creación, conservación, almacenamiento y comercialización de activos virtuales o criptoactivos, criptomonedas y la instalación de granjas de criptominería en territorio paraguayo”.

Los proyectistas, senadores colorados disidentes y oficialistas, liderados por Colym Soroka, plantean restringir temporalmente la actividad hasta que haya una ley que la regule la actividad y la ANDE esté en condiciones técnicas-operativas de ofrecer un servicio que responda a las necesidades reales de demanda de consumo de las granjas de criptomonedas sin afectar a los demás usuarios.

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Las oficinas de Registro de la Propiedad Inmueble, Registro del Automotor y Registro de Bienes No Inmobiliarios requieren desde el lunes a los escribanos públicos tener a la vista el Certificado de Antecedentes de Deudores Alimentarios Morosos (Redam) como requisito para la gestión registral de escrituras públicas de compraventa de bienes. La medida genera posiciones encontradas, ya que implementa una nueva burocracia en el servicio que debe ser más ágil.

La Ley N° 6506/20, que modifica la Ley N° 5415/2015 que creó el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam) como mecanismo de control del incumplimiento de las obligaciones alimentarias, establece  en el artículo 9°, inciso b), que el certificado REDAM debe ser requerido para la obtención de licencias y permisos de conducir, medida que rige desde el pasado 11 de abril en todos los municipios del país. 

También dispone que sea requisito en las celebraciones de matrimonio civil, de modo a que el funcionario del Registro del Estado Civil de las Personas encargado de llevar adelante el acto, ponga a conocimiento del otro contrayente y de los testigos; si alguno de ellos se encuentra inscrito como progenitor moroso.

Esta normativa también prevé que el certificado sea un requisito para los trámites realizados ante el notario público relativos a la compra venta de bienes registrables y no registrables.

En ese sentido, el pasado 17 de abril, la Corte Suprema de Justicia, a través de la Acordada N° 1743, dispuso aprobar la puesta en vigencia desde el 22 de abril la obligatoriedad de contar con este comprobante para los trámites notariales de transferencia de mercancías registrables. Mientras que, el 19 de abril, la Dirección de Registros Públicos, mediante la Disposición Técnica Registral N° 02/2024, reglamentó la aplicación de la ley.

En esta reglamentación, Lourdes González, directora del Registro Público, dispuso que, teniendo los notarios públicos la obligación de tener a la vista el Certificado REDAM) de las partes contratantes, vigente y sin que estos figuren en dicho registro, para la formalización y autorización de escrituras públicas de compra venta de bienes, deben mencionar dicho certificado en el cuerpo de la escritura pública, con todos sus datos de expedición, en la misma forma como se procede respecto de los demás certificados pre escriturarios.

Además, en el segundo artículo de la reglamentación, estableció calificar las escrituras públicas de compra venta de bienes registrables, conforme al artículo 1º de la disposición, “fechadas” a partir del 22 de abril de 2024, en todas las direcciones dependientes de la Dirección General de los Registros Públicos.

La directora Lourdes González explicó que, desde el 2020 es obligatorio el documento del REDAM, pero que ahora se estableció un mecanismo de control de la medida. En los últimos años, los escribanos cumplían con la exigencia de solicitarlo, pero no indicaban en el cuerpo de la escritura los datos del certificado, por lo que ahora necesariamente deberá figurar ese detalle en el escrito. La obtención de este documento no debería ser un problema, ya que es un servicio gratuito y no implicará ningún costo adicional para el notario y las partes contratantes. 

De acuerdo con González, si una persona que desea hacer el registro notarial aparece como deudora en el Redam, el escribano debe abstenerse de hacer la escritura pública. En el caso de incumplir la medida, por ejemplo si el profesional realiza la escritura sin incluir los datos del certificado o hace el trabajo pese a que una de las partes es deudora, el Registro Público expedirá una observación a la escritura pública, y el escribano deberá subsanar el documento para su registro. Si nuevamente no cumple con lo requerido, la escritura no podrá ser inscripta en las direcciones de Automotor, Inmobiliario, Buques, etc. Si bien la escritura pública no será nula ni ilegal, únicamente no se podrá inscribir en el Registro.

Esta medida de control genera posiciones encontradas en el gremio de los escribanos, ya que algunos consideran que la directora de Registros Públicos se extralimitó en la interpretación de la ley y excedió en la reglamentación, al establecer más consecuencias de las que debería tener.

En octubre del 2022, el Colegio de Escribanos del Paraguay remitió una nota a la ministra de la Corte, María Carolina Llanes, ante las dudas que existían con relación a la exigencia del REDAM. Algunos puntos esgrimidos fueron que la ley no prevé sanciones ni restricciones para el deudor moroso; que la normativa solo aplica a las compraventas y no se previó para integración de capital, donaciones, etc., que no determina en qué casos debería solicitarse los certificados, si solo de vendedores o de todas las partes y además los cónyuges; y que existía el impedimento para acceder al certificado de los extranjeros y las numeraciones de cédula muy altas (por lo que solicitaron que se habilite un correo electrónico institucional para ello).

Otra de las principales críticas que surgieron fue que esta medida burocratiza más un sistema que guarda estrecha relación con el dinamismo de la economía, siendo que conviene que sea lo más ágil posible. Sin embargo, ahora con esta reglamentación se complica aún más. Por consiguiente, se teme que termine ahuyentando las posibilidades de inversión, tanto local como extranjera.

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